La cuestionada congresista María Agüero de Perú Libre, el 14 de febrero presentó el proyecto de ley que tiene por objeto establecer la obligación de transparencia en la propiedad, las fuentes de financiamiento y las actividades de los prestadores de servicios de medios de comunicación para garantizar que la ciudadanía disponga de información clara, precisa y verificable acerca de la estructura de propiedad, las fuentes de financiamiento y las actividades de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

El proyecto afirma que el ámbito de aplicación La ley se aplica a todos los prestadores de servicios de medios de comunicación que operen en el territorio nacional, independientemente de su modalidad de constitución o de las actividades que realicen en el país. Esto incluye, sin excepción, a aquellos que utilicen radio, televisión, prensa escrita, medios digitales o cualquier otro soporte tecnológico o canal de difusión. Asimismo, se incluyen las plataformas digitales que divulguen contenidos informativos y/o periodísticos, sin importar su forma jurídica, estructura empresarial o tipo de acciones.

Sostiene asimismo que los prestadores de servicios de medios de comunicación deben actualizar anualmente un registro detallado de su estructura de propiedad, el cual será remitido al Poder Ejecutivo para su recopilación y posterior publicación. Este registro será de acceso público y deberá incluir, como mínimo: a) La identidad de los propietarios directos e indirectos, b) Identificación de todos los que tengan participación directa o indirecta, incluyendo derechos de propietarios fiduciarios, c) La identidad de los beneficiarios finales, d) Las empresas que forman parte de su grupo y su accionariado, e) Cualquier cambio significativo en la estructura de propiedad.

El proyecto refiere que los prestadores de servicios de medios de comunicación están obligados a informar anualmente sobre todas sus fuentes de financiamiento, incluyendo recursos provenientes de entidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras. Este informe debe detallar también los ingresos generados a través de donaciones, patrocinios o publicidad. La información será presentada al Poder Ejecutivo para su recopilación y publicación, e incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos: a) Los montos recibidos, b) El origen de los fondos, c) Las fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, d) Las condiciones y términos específicos de los financiamientos obtenidos.

La cuestionada propuesta legislativa indica que todo contenido financiado por terceros debe ser claramente identificado como «contenido patrocinado», especificando el nombre del patrocinador y, cuando sea relevante, los fines del patrocinio. Asimismo, que los prestadores de servicios de medios de comunicación, ya sean impresos, televisivos, radiales digitales, deben presentar al Poder Ejecutivo un informe anual, destinado a su recopilación у publicación, que incluya, como mínimo, la siguiente información:

1. Programación emitida o contenidos difundidos, clasificados por género y tipo de material, b) Actividades realizadas en cumplimiento de su rol informativo, educativo y cultural, describiendo acciones y proyectos destacados, c) Proyectos especiales financiados por entidades externas, d) Cifras de circulación, venta de ejemplares o equivalentes (para medios impresos) y mediciones de audiencia (para medios televisivos, radiales y digitales), desglosadas a nivel nacional y, de ser posible, por regiones.

El proyecto señala que el Poder Ejecutivo es responsable de fiscalizar el cumplimiento de esta ley, pudiendo solicitar información adicional a los prestadores de servicios de medios de comunicación. El incumplimiento de las disposiciones será sancionado con las siguientes medidas, según la gravedad de la infracción: a) Advertencia escrita b) Multas económicas c) Suspensión temporal d) Cancelación definitiva.

En la exposición de motivos, la congresista extremista, afirma que, en el Perú, la concentración mediática ha consolidado monopolios que ejercen una gran influencia en la opinión pública y mantienen fuertes vínculos económicos y políticos. Este fenómeno limita el pluralismo político y cultural, debilitando la democracia al otorgar un poder desproporcionado a ciertos grupos, quienes moldean significativamente las agendas públicas y políticas.

Remarca que, en el contexto de la moderna guerra de quinta generación, centrada en el ámbito cognitivo, los medios de comunicación se utilizan como herramientas para desestabilizar instituciones, atacando directamente a actores políticos y organizaciones que no se alinean con los intereses de sus propietarios y financiadores. En última instancia, se convierten en armas estratégicas, donde la población se ve afectada como daño colateral.

En este contexto, y reconociendo la importancia de la información y el periodismo como bienes públicos, resulta imprescindible garantizar la transparencia en torno a la propiedad, el financiamiento y las actividades de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

En el Perú, no existe una regulación clara que obligue a los medios de comunicación a transparentar información clave sobre su estructura de propiedad, como la identidad de sus dueños, accionistas o principales inversores. Tampoco se exige la publicación detallada de sus fuentes de ingresos ni de sus actividades, lo que significa que los medios no están obligados a revelar de manera precisa el origen de su financiamiento (como contratos con grandes empresas, donaciones, entre otros) ni a informar sobre su organización interna y externa.

En este contexto, queda pendiente el debate de una Ley General de Medios en el Perú. Esta normativa debería abordar temas como la transparencia en la propiedad, el financiamiento y las actividades de los medios, adaptándose a la nueva realidad del ecosistema mediático y garantizando un entorno más plural y democrático.

Breve comentario del tema

Agüero, cree que estamos en Cuba, Venezuela o Corea del Norte, donde el Estado o el gobierno, debe controlar los medios directa e indirectamente y donde casi no hay oposición y los dictadores controlan todos los poderes públicos para mantenerse indefinidamente en el poder. Está despistada o está mal asesorada por decir lo menos.

Su proyecto atenta contra varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política y la legislación vigente en el país que tendría que modificarse.

Asimismo, colisiona contra sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional donde se reconoce el rol de control social que efectúan los medios y los periodistas en nombre de la sociedad a los funcionarios públicos o la casta política que hoy tenemos en el país que abusan de su poder transitorio, tiene sueldos privilegiados y gollerías y les disgusta que la prensa independiente destape sus inmoralidades y corruptelas y desean una prensa servil y genuflexa que avale sus tropelías.

En las próximas 48 horas, sustentare con mayor detalle y argumentación mi oposición al proyecto de ley que proviene de una legisladora a quien nadie conocía en Arequipa y salió elegida solo por el “arrastre o la locomotora electoral” como fue Pedro Castillo en las elecciones 2021 al parlamento nacional.

Con el argumento de la “transparencia” de los medios, Agüero, pretende conculcar el derecho a la información, opinión, expresión y difusión que consagra la Carta Magna, sean los medios de izquierda, derecha o del centro político. Atenta contra el derecho a la propiedad de los medios reconocido en la Carta Magna, pero lo grave es que pretende que se informe anualmente al gobierno las fuentes de financiamiento, su programación y sus actividades como si los medios fueron medios de propiedad estatal.

El “mamarracho legislativo” de la congresista “seudo izquierdista”, refiere que el incumplimiento de las disposiciones será sancionado con las siguientes medidas, según la gravedad de la infracción: a) Advertencia escrita b) Multas económicas c) Suspensión temporal d) Cancelación definitiva.

Este último párrafo del proyecto de Agüero, colisiona con el art. 2 inciso 4 de la Constitucion que señala que las personas tienen derecho a ““A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley”.

Asimismo, atenta contra el art. 169 del Código Penal, que afirma que, “El funcionario público que, abusando de su cargo, suspende o clausura algún medio de comunicación social o impide su circulación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1 y 2.”

Espero que, en los próximos días, las organizaciones de medios de comunicación privados y el Colegio de Periodistas y gremios periodísticos del país, se pronuncien oficialmente y no mantengan silencio institucional. Los otorongos del Congreso están unidos y están juntos, “perro, pericote y gato” y manejan el legislativo no en función de los intereses nacionales, sino de sus intereses políticos y económicos.

No me extrañaría que como “escarmiento”, los otorongos prioricen este tema en su agenda legislativa y voten en bloque en los próximos días y aprueben el “mamarracho legislativo” de Agüero como “castigo” a la prensa independiente del país.

La casta legislativa que hoy gobierna y tiene el control del Congreso ilegitimo y blinda a la inquilina transitoria de Palacio de Gobierno responsable política de los 49 muertos en las protestas sociales del 2022 y 2023, tendrán los dos poderes controlados. Pero, jamás tendrán el poder de la calle y de las plazas públicas, que son los ciudadanos libres e independientes que somos absoluta mayoría que no nos doblegaremos a la partidocracia y la próxima tarea la tendremos en las elecciones 2026 donde debemos borrarlos del mapa electoral no eligiéndolos para que nunca más ejerzan función pública en representación del soberano.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

 Foto Comité de Lectura