Donald Trump ha firmado un número récord de órdenes ejecutivas, muchas de las cuales nos suscitan una enorme preocupación.

Aunque confiamos en que algunas de estas medidas terminen siendo anuladas por su carácter anticonstitucional, por contradecir leyes estadounidenses o incluso por decisión del propio Congreso, el impacto va más allá de su posible implementación. Los mensajes que transmiten y las ideas que refuerzan permanecen en el imaginario colectivo, perpetuando patrones de pensamiento que tienden a normalizarlas. Esto no solo abre la puerta a que sean percibidas como necesarias, sino que también pone en riesgo derechos que hasta ahora considerábamos logros sociales establecidos.

Aplicación de la pena de muerte, siempre que sea posible

La orden ejecutiva comienza con la afirmación, repetidamente desacreditada, de que la pena de muerte es una «herramienta para disuadir […] los crímenes más atroces. No existen pruebas que respalden que la pena de muerte sea más efectiva que la prisión para reducir el crimen.

Según esta directriz, el Fiscal General debe solicitar la pena de muerte para delitos graves, especialmente en casos de asesinato de agentes de la ley y crímenes capitales cometidos por personas extranjeras en situación irregular. Además, establece que los estados con pena capital deben asegurarse de contar con los medicamentos necesarios para llevar a cabo ejecuciones mediante inyección letal.

No podemos estar más en desacuerdo con esta decisión, ya que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y condición. Ejecutar a una persona implica negarle el derecho a la vida, tal y como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Estados Unidos, se ha demostrado que las personas pobres o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas tienen más probabilidades que el resto a ser condenadas a muerte por el mismo delito, debido a la discriminación presente en el sistema judicial. A esto hay que añadir que estos colectivos suelen tener más dificultades para acceder a los recursos legales necesarios para defenderse. Otro argumento contra la pena de muerte es el riesgo de ejecutar a personas inocentes.

Retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Esta medida representa una decisión que afecta al principal organismo internacional encargado de apoyar la salud pública mundial. La OMS implementa numerosos programas para prevenir, controlar y tratar enfermedades como el ébola, el sarampión, la malaria, el VIH/sida, la diabetes, las cardiopatías, el cáncer, entre otras, y desempeñó un papel crucial durante la pandemia de COVID-19. Según la orden, esta medida se justifica por «la mala gestión de la COVID-19 y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas que demuestren su independencia y los pagos desproporcionados que exige a Estados Unidos en comparación con otros países».

Con esta decisión, el presidente Trump muestra un claro desprecio por la salud pública mundial y por la cooperación internacional necesaria para abordar los desafíos de salud global. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los mayores financiadores y un socio clave de la OMS, contribuyendo a garantizar que exista una organización capaz de promover la salud, proteger al mundo y trabajar para que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder a este derecho humano.

Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras para la salud pública, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La pandemia de COVID-19 es un claro recordatorio de que las enfermedades no respetan fronteras. La OMS es la institución mejor equipada para responder a emergencias sanitarias globales, y la retirada de la financiación y participación de Estados Unidos amenaza con poner en peligro los derechos y las vidas de millones de personas en todo el mundo, incluida la propia ciudadanía estadounidense. Además, esta decisión podría influir negativamente en cómo la población percibe los esfuerzos necesarios para defender la salud pública y la capacidad de las instituciones para llevar a cabo campañas destinadas a proteger la sociedad.

Retirada del Acuerdo de París

Esta medida que afecta al tratado internacional más ambicioso hasta la fecha en materia de cambio climático, representa un grave retroceso en la lucha global contra el calentamiento global. Según el acuerdo, Estados Unidos se había comprometido a reducir entre un 61% y un 66% sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2035,  tomando como referencia los niveles de 2005, un objetivo clave para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C. Sin embargo, al abandonar el acuerdo, este objetivo se aleja, lo que no solo agrava la crisis climática, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a alimentos, agua y vivienda.

El cambio climático ya es una amenaza significativa para los derechos humanos. Genera hambre, desplazamientos masivos, pobreza y desastres humanitarios a una escala sin precedentes. Los recientes incendios forestales en California y los devastadores huracanes en Carolina del Norte son claros ejemplos de cómo el cambio climático está afectando directamente a los estadounidenses.

A pesar de ello, parece que este mensaje no termina de calar en algunos sectores de la sociedad y del liderazgo político. Como segundo mayor emisor de carbono del mundo, Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica y moral de liderar la transición hacia una economía global de cero emisiones. Su retirada del Acuerdo de Paris, no solo incumple este deber, sino que además envía un mensaje negativo a otros líderes mundiales, dificultando la cooperación global necesaria para mitigar los efectos.

Las consecuencias de esta inacción son alarmantes: si no se toman medidas contundentes, se estima que la crisis climática provocará alrededor de 250 mil muertes anuales entre 2030 y 2050, causadas por malaria, malnutrición, diarrea y golpes de calor. Además, con un aumento de solo 2°C en la temperatura media global, más de 1.000 millones de personas verán drásticamente reducidos sus recursos hídricos, lo que podría llevar a al menos 600 millones de personas adicionales al borde de la hambruna para el año 2080, especialmente en los países de África Subsahariana. También se prevé que el cambio climático y los desastres naturales asociados desplacen a 1,200 millones de personas en todo el mundo para el año 2050 creando una crisis humanitaria de dimensiones nunca vistas.

Esta retirada no solo es un paso atrás para Estados Unidos, sino también para la humanidad, que necesita una acción climática concertada y decidida para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La inacción en este momento crítico no solo pone en peligro al planeta, sino que también hipoteca el futuro de millones de personas, incluidas las generaciones venideras.

Prórroga para TikTok

(Orden ejecutiva sobre la “Aplicación a TikTok de la ley de protección de los estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros”).

Tanto TikTok, Google y Meta, entre otras empresas gestionadas por diversos países y personas, controlan los principales canales que se utilizan en internet. Su modelo de negocio se basa en la vigilancia, es decir, cuanto más tiempo pasamos en sus plataformas, más datos recopilan y mayores son sus ganancias. Esto, por un lado, viola el derecho a la privacidad y genera un efecto en cadena que pone en riesgo otros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión y opinión hasta la libertad de pensamiento y el derecho a la no discriminación. Por otro lado, fomenta la amplificación de contenido incendiario y de odio, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y a grupos históricamente marginados, como minorías étnicas o religiosas, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Restaurar la “verdad biológica”

Este es el “curioso” título de la orden ejecutiva que establece que solo se van a reconocer el género masculino y femenino, borrando el resto de identidades. Desgraciadamente, el discurso homofónico y tránsfobo de Trump no cae en el vacío. En Estados Unidos, se ha documentado que la población LGBTI tiene una probabilidad nueve veces mayor que la población no LGBTIQ de ser víctima de delitos de odio con violencia. Además, la aprobación de legislación estatal contra la comunidad LGBTIQ+ sigue en aumento. En 2023, se aprobaron 84 proyectos de ley anti-LGBTIQ+, cuadruplicando la cifra de 2022. Esto refleja una creciente tendencia a promulgar leyes que limitan o eliminan de facto los derechos de este colectivo.

La medida de Trump fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas. La creciente tendencia a atacar los logros alcanzados por los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ en las Américas se encontrará con una férrea resistencia y solidaridad, desde el extremo norte hasta el extremo sur del continente.

Restablecer la libertad de expresión

Según esta orden ejecutiva, durante la administración Biden el gobierno “pisoteó los derechos de libertad de expresión censurando la expresión de los estadounidenses en plataformas en línea […] Bajo el pretexto de combatir la «desinformación», el Gobierno Federal infringió los derechos de expresión constitucionalmente protegidos de la ciudadanía estadounidense, de manera que promovió la narrativa preferida por el Gobierno sobre asuntos importantes del debate público.

Esta directiva se interpreta como una respuesta a la presión que la administración Biden ejerció sobre las empresas de redes sociales para que eliminaran contenido que consideraba desinformativo, especialmente en relación con la COVID-19 y las elecciones. Sin embargo, la orden contradice una decisión del Tribunal Supremo que el año pasado dictaminó que el gobierno de Estados Unidos puede comunicarse con las empresas de redes sociales para informarles sobre la desinformación que circula en sus plataformas.

Amnistía Internacional ha trabajado desde sus inicios en defensa de la libertad de expresión en todos los países que monitorea. Sin embargo, esta orden ejecutiva, en su planteamiento y espíritu, podría tener consecuencias negativas, como reforzar la desinformación, fomentar la violencia contra las personas más vulnerables y facilitar agresiones e insultos. Además, decisiones recientes de algunas redes sociales, como Meta (propietaria de Facebook e Instagram), de reducir el uso de verificadores de datos cuestionan aún más el impacto de esta medida.

Acabar con el uso político del gobierno federal

En esta orden ejecutiva se acusa a la administración previa de usar agencias federales, incluyendo organismos de inteligencia y fuerzas del orden, para atacar a opositores políticos mediante investigaciones, procesos judiciales y otras acciones.

El poco respeto a la independencia entre estamentos y poderes y el uso arbitrario del poder acerca a la administración Trump a gobiernos tan poco ejemplares como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Desde Amnistía Internacional seguiremos demandando la libertad de expresión y asociación, la protección del espacio de la sociedad civil y de las personas que defienden los derechos humanos.

Reajuste del programa de admisiones de personas refugiadas

Con este viraje lingüístico se suspende el programa de admisión de persona refugiadas se está estableciendo un plazo de 90 días para analizar si la reanudación de la entrada “redundaría en interés de los Estados Unidos”. La suspensión ha sido tan tajante que hay personas que se han quedado con el asilo concedido y los billetes de avión comprados varados fuera de EEUU. Es evidente que los obstáculos a la admisión legal y organizada de las personas refugiadas no solo agravan el caos y la crisis humanitaria en la frontera, sino que también aumentan los cruces ilegales, poniendo en peligro la vida de quienes los intentan.

Esta medida fortalecerá el poder y el negocio de los coyotes, hará que algunas personas permanezcan en situaciones de riesgo y generará un declive económico en empresas y ciudades revitalizadas por la mano de obra de comunidades refugiadas.

Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense

En otras palabras, fin de la nacionalidad por nacimiento. A pesar de que la constitución de EEUU dice que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”, Trump pretende retirar la nacionalidad a las personas nacidas en EEUU cuyos progenitores no tengan permiso para residir en el país o cuya estancia sea solo temporal. Esta medida pone en riesgo de apatridia —la condición de no tener ninguna nacionalidad reconocida— a muchas personas que quedarían en situación de indefensión, con serios obstáculos para ejercer derechos como el de la salud, la educación y un empleo digno. Además, el derecho a una nacionalidad está consagrado en el art. 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Esta orden presidencial contradice directamente la Constitución de EEUU, tanto es así que un juez ya ha emitido una suspensión temporal de la medida y los fiscales generales de 22 estados ya han presentado un recurso judicial contra su implementación.

Amnistía Internacional considera violatoria del derecho internacional cualquier medida que no garantice que sus leyes, políticas y prácticas no ponen en un peligro mayor de sufrir abusos contra los derechos humanos de a las personas migrantes y las que buscan seguridad. Las deportaciones masivas privarán a las personas de la oportunidad de pedir protección, las someterá a detención arbitraria, devolverá a las personas a situaciones de peligro, separará a familias, destrozará comunidades, someterá a personas al uso de perfiles raciales, propagará el miedo y socavará la seguridad, prosperidad y dignidad humanas.

Prohibir que las niñas y mujeres transgénero compitan en equipos deportivos

Para Amnistía Internacional este no es más que otro cruel ataque contra las personas transgénero que tiene como objetivo estigmatizar y discriminar aún más a las personas LGBTIQ+. Las personas transgéner, como cualquier otra persona, deben poder ejercer sus derechos humanos para poder participar plenamente en el deporte con seguridad y dignidad. La vigilancia de quién puede y quién no puede practicar deporte podría llevar a la realización de pruebas invasivas problemáticas a todos los deportistas.

Reinstauración de ley mordaza global

Al reinstaurar y ampliar la ley de mordaza mundial, el presidente Trump ha puesto en peligro a propósito la vida de millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas, y ha sumido la atención sanitaria reproductiva mundial en el caos más absoluto. Las consecuencias de la ley mordaza global del presidente Trump no son teóricas. Como vimos en su primera administración, esta medida tiene como consecuencia bloquear el acceso a la anticoncepción necesaria, forzar más abortos inseguros y aumentar las tasas de mortalidad materna. Es un ataque a los derechos humanos que causará daños devastadores para las personas de todo el mundo que necesitan atención sanitaria reproductiva. El acceso a la atención sanitaria es un derecho humano, y esta decisión de la administración Trump socava ese derecho.

Paralización de la ayuda exterior y desmantelamiento de USAID

La sorprendente decisión de la administración Trump de dictar ordenes de paralización de la ayuda exterior es muy preocupante, dado el impacto que tiene en tantos programas fundamentales, desde los que protegen a los defensores de los derechos humanos o ayudan a las personas a buscar seguridad hasta los que proporcionan asistencia sanitaria crítica y previenen atrocidades, y muchos más. El alcance total de los daños y el impacto en los derechos humanos de esta decisión tardará algún tiempo en comprenderse plenamente, pero hay vidas literalmente en juego y la administración Trump debe revertir el curso urgentemente. El abrupto desmantelamiento de USAID, la agencia de Estados Unidos de cooperación, pone en mayor riesgo los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. USAID proporciona la financiación y gestiona los esfuerzos para la ayuda humanitaria crítica, el apoyo a quienes buscan seguridad, para que los gobiernos proporcionen educación básica, servicios de salud, saneamiento y mucho más. Gobiernos de todo el mundo están mejor equipados para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos gracias a los recursos técnicos y financieros que proporciona USAID.

Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

Estados Unidos ni siquiera es miembro titular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU así que retirarse del mismo solo demuestra el desprecio por los derechos humanos y la cooperación internacional del presidente Trump, aunque con esta medida se debiliten los intereses estadounidenses. El mundo necesita la cooperación multilateral en torno a intereses compartidos, especialmente la protección de los derechos humanos. Las instituciones internacionales seguirán funcionando, ya sea con Estados Unidos o sin él, pero parece que el presidente Trump no está interesado en tener un asiento en esa mesa para dar forma a las normas y políticas del futuro, o incluso para proteger los derechos humanos de las personas en Estados Unidos.

Sanciones contra la Corte Penal Internacional (la CPI)

No por anunciada esta medida es menos chocante: Estados Unidos castigará a una institución que garantiza que los individuos más responsables de cometer atrocidades no puedan escapar a la justicia. La CPI desempeña un papel vital al investigar crímenes de derecho internacional, a menudo cometidos por los individuos más poderosos, en situaciones en las que -sin su participación- los perpetradores se beneficiarían de una impunidad perpetua. Es un paso brutal que busca socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas, si no siglos: reglas globales que son aplicables a todos y tienen como objetivo impartir justicia para todos. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común.

Las sanciones son una afrenta a los 125 Estados miembros que han decidido colectivamente que la Corte debe ser capaz de hacer justicia de manera efectiva, lo que significa que debe ser capaz de llevar a cabo funciones judiciales independientes, como dictar órdenes de detención, por ejemplo, contra Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin.

Las sanciones impuestas darán alas a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, presentes y futuros. Repercutirán negativamente en los intereses de todas las víctimas del mundo y de quienes acuden a la Corte en busca de justicia en todos los países en los que lleva a cabo investigaciones, como Darfur, Libia, Filipinas, Palestina, Ucrania y Venezuela. Ningún responsable de crímenes de derecho internacional debe ser protegido o ayudado en sus intentos de escapar a la rendición de cuentas individual, y menos aún con la ayuda del gobierno de Estados Unidos basada en las alianzas políticas del presidente Trump.

En un momento histórico en el que asistimos a un genocidio contra los palestinos en Gaza, a la agresión de Rusia contra Ucrania y en el que el Estado de derecho mundial se ve amenazado desde múltiples frentes, instituciones como la Corte son más necesarias que nunca para promover la protección de los derechos humanos, prevenir futuras atrocidades y garantizar la justicia para las víctimas.

El papel de Amnistía Internacional

Nuestra misión en Amnistía Internacional es defender los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. Seguiremos movilizando a millones de personas comprometidas de todo el mundo para garantizar que estén protegidos, sin importar quién ocupe la Casa Blanca. Cuando un gobierno promete promover políticas contrarias a los derechos humanos es muy importante esta movilización.

Especialmente en este caso, porque sabemos que el impacto de política de Estados Unidos en los derechos humanos puede tener el efecto de una onda expansiva tanto en el resto del continente americano como en el resto del mundo. Ahora más que nunca es crucial poner la defensa de los derechos humanos en el centro y, por ello, seguiremos analizando la acción del gobierno del presidente Trump y denunciando todas las violaciones de derechos humanos que se puedan producir.

Olatz Cacho y Blanca Hernández – Amnistía Internacional de España.

 Foto Agenda Pública