Representantes de diversas instituciones de Arequipa con diversos argumentos, expresaron su respaldo y rechazo a la implementación de la pena de muerte a violadores de menores de edad en la audiencia descentralizada que se desarrolló el jueves 16 de enero desde las 09.30 horas en el auditorio del Colegio de Abogados de Arequipa en Calle Jerusalén 313 que organizó el Ministerio de Justicia con la participación del ministro Eduardo Arana.

El congresista Jorge Montoya, afirmó que es defensor de la vida, pero no de los delincuentes, reconoció que no hay legislación desarrollada por el Congreso del art. 140 que permite la pena de muerte por traición a la Patria, respaldó la aplicación de la pena de muerte para delitos graves y personalmente está de acuerdo con reimplantar la pena de muerte previa denuncia del Estado ante la Convención Americana de Derechos Humanos y modificación de la Constitución.

El alcalde provincial de Arequipa, Victor Rivera, indicó que la violación de un menor de edad es un trauma para toda la vida en una persona y las leyes antes de ser aprobadas por el Congreso deben consultadas a los ciudadanos mediante cabildos abiertos, al tiempo de referir que el tema no solo es jurídico, sino que también tiene connotaciones ético morales que deben evaluarse antes de adoptar una decisión final.

La Fiscal Jahaira Huaman, expresó que en el año 2024 se registró 22 mil denuncias por violencia familiar y 3 mil de ellas eran por violencia sexual, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiende a abolir la pena de muerte en el continente latino. Agregó que si se aplica la pena de muerte ya no podrá resocializarse al muerto, la sociedad peruana no confía en el sistema de administración de justicia del país y debe mantenerse en la legislación la pena de cadena perpetua para violadores de menores de edad.

El Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Dr. Jhon Mesías, manifestó que es partidario de la pena de muerte para los que violan a menores de edad, siendo una realidad ese flagelo que no se puede ocultar por lo que la sociedad tiene del derecho de defender a los niños y niñas, pero debe respetarse asimismo el Pacto de San José de Costa Rica, al tiempo de remarcar que por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la dignidad de las personas.

El abogado Bradley Alarcón, en representación del gobernador regional Rohel Sánchez, expresó que la implementación de la pena de muerte a violadores de menores no es una solución inmediata y actualmente existe en el Código Penal la pena de cadena perpetua a los violadores de niños y niñas. Refirió que Perú está adscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos y de implementarse la pena de muerte tendría que denunciarse el Pacto de San José, reformar la Constitucion y la legislación penal vigente en el país

La consejera y vicepresidenta del Consejo Regional de Arequipa, Marleny Arminta, sostuvo que en el año 2024 se han registrado 153 casos de violencia contra estudiantes en colegios de Arequipa que no han sido sancionados y de 19 casos 10 de ellos ya han prescrito y los docentes siguen laborando en planteles. Remarcó que personalmente es partidaria de la aplicación de la pena de muerte contra violadores de menores de edad ya que el Estado tiene la obligación de proteger a ese sector vulnerable de la sociedad peruana, ya que los canallas que violan a niños y niñas que no pueden defenderse, no merecen vivir y son un peligro para todos.

Wilber Aranzamedi en representación de la Defensoría del Pueblo, indicó que respeta que el pueblo exija la pena de muerte a los violadores de niños y niños, sin embargo, la pena de muerte es irreversible y al aplicarla por parte de los Estados contradice el derecho a la vida y la dignidad de las personas. Agregó que el Estado no debe fomentar círculos de violencia en la sociedad, pero debe fortalecerse el sistema judicial, protegerse a los menores y debe efectuarse más labores de prevención y mayor apoyo a las victimas de violación.

Sergio Rojas, en presentación del Arzobispado de Arequipa, puntualizó que la pena de muerte no debe aplicarse por presión de las encuestas y la reimplantación de la pena de muerte no seria una solución, al tiempo de afirmar que el tema no debe tener solo un enfoque jurídico, sino valorarse algunos principios como el derecho a la vida y la dignidad humana que garantiza la Carta Magna, pero también proteger más a la familia peruana.

Foto MPA