La Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública que congrega a 2,028 servidores a nivel nacional señalan que desde el año 2018 son discriminados salarialmente con una diferencia superior al 40% de remuneraciones entre compañeros menos antiguos y con menor experiencia desarrollando las mismas funciones y responsabilidades.

Afirman que son explotados laboralmente durante 20 años hasta la promulgación de la Ley 31131 del año 2021 que los obligó a crear la Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública.

Pese a la discriminación salarial, abusos de directores, falta de logística y falta de presupuesto, el Congreso Nacional aprobaron varias leyes, entre ellas 32108, 30077, 27379, DL 1297, DL 1373, DL 1348, Ley 31307 donde se ignora que solo son 2,098 defensores públicos a nacional, por lo que exigen se les asigne presupuesto idóneo y se asuma el costo de implementación de las normas legales citadas anteriormente.

Rechazan asimismo la Resolución de Secretaria General 0269-2024-JUS, que modifica unilateralmente el Reglamento Interno de Servidores Civiles del MINJUS y la jornada de trabajo y establece la imposición de turnos, desconociendo el ministro de Justicia el informe técnico 576-2017 del SERVIR y el acta de solución amistosa del año 2023.

Sostienen finalmente que por dichas razones acordaron iniciar huelga indefinida en asamblea extraordinaria nacional y lamentan que se desconozca que han ahorrado más de 244 millones para el Estado peruano y exigen al Ministerio de Justicia se asigne el presupuesto de 46 millones y se incremente las remuneraciones de trabajadores y se deje sin efecto la Resolución de Secretaria General 0269-2024-JUS, el pase de los trabajadores  CAS al régimen 728 y la renuncia irrevocable del Director de la Dirección General de la Defensa Pública.