Desde el año 2023, el  gobierno regional solo transfirió el 66% de ejecución financiera a gobiernos locales de Arequipa, sin embargo, 14 de los proyectos de inversión no superan el 50% de gasto financiero afectando a la población beneficiada, siendo los principales problemas la  demora y retraso y la deficiencia en la elaboración de los expedientes técnicos que fueron elaborados por los municipios y revisados por la Subgerencia de Estudios y Proyectos del gobierno regional, quien debió exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Esta fue una de las siete conclusiones de la Comisión Especial Investigadora del proceso de transferencias financieras hechas por el gobierno regional de Arequipa a favor de los gobiernos locales el año 2023. La exposición del informe final estuvo a cargo del presidente de dicha comisión, consejero César Huamantuma, quien, con retraso de muchos meses, informó los resultados al Consejo Regional en la sesión del martes 03, las conclusiones finales y las recomendaciones emitidas.

La Comisión especial, refiere que el año 2023, mediante tres Acuerdos Regionales se aprobó la transferencia financiera para 69 proyectos de inversión a los gobiernos locales de Arequipa por un monto total de 344 millones de soles, donde hay un avance de gasto del 66%, mientras que hay un devengado de 228 millones de soles.

El informe final señala asimismo que 08 transferencias no acreditan lo exigido por la Directiva 005-2019 en materia de saneamiento de terreno en autorizaciones del sector de electrificación y saneamiento, cuyos requisitos no fueron acreditados de acuerdo a la Directiva siendo la responsable la Gerencia Regional de Infraestructura. El informe precisa que varios municipios al amparo de la Resolución Ejecutiva Regional 149-2023, fueron exonerados por 180 días desde marzo 2023 de la presentación de liquidaciones de transferencias anteriores, desacatando actas de compromisos suscritos por los alcaldes siendo el responsable del seguimiento y cumplimiento la ORSIT del GRA.

Otra de las conclusiones, acusa al gobierno regional del incumplimiento del Acuerdo Regional 015-2023 que disponía que antes de disponer desembolsos económicos o firma de convenios con municipios, era el único responsable del cumplimiento de irrestricto de las normas aplicables bajo responsabilidad, así como de la Directiva 005-2019 aprobada por Resolución Ejecutiva Regional 395-2019 donde las municipalidades debían cumplir con presentar las obligaciones de obras bajo responsabilidad.

La Comisión especial concluye que hubo grave omisión administrativa en los funcionarios de la gerencia regional de Infraestructura y la gerencia regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, incumpliendo las verificaciones obligatorias desacatando el Acuerdo Regional 029-2023 y 058-2023, así como la Directiva 005-2019. El informe recomienda que las futuras transferencias deben verificarse la capacidad técnica operativa de las municipalidades debiendo fijarse criterios de priorización y no dejarlo a la libre discrecionalidad del gobernador regional las transferencias financieras.

Breve comentario del tema

El informe final reconoce que en las transferencias aprobadas mediante Acuerdos Regionales el año 2023 y pese a estar vigente una Directiva Regional y una Resolución Ejecutiva Regional  que regulan las transferencias a los municipios, estas normas no fueron cumplidas por funcionarios de las gerencias regionales de Infraestructura y Liquidación de Proyectos.

Sin embargo, el informe no recomienda que los funcionarios responsables del incumplimiento de normas vigentes, sean sometidos a procesos sancionatorios o deslinde de responsabilidades, ya que aprueban desembolsos que son recursos de los peruanos que deben ser administrados con diligencia y responsabilidad como corresponde, lo que no está sucediendo.

Asimismo, el informe refiere textualmente que, “entre los documentos previos a la aprobación de transferencias por parte del Consejo Regional, no se verifican criterios de verificación por parte del gobierno regional para la autorización de transferencia, sin embargo, los informes de la Subgerencia de Estudios y Proyectos hacen hincapié en que la inversión además del cumplimiento de otros requisitos, tiene autorización de gobernatura y gerencia general regional para su evaluación y financiamiento de transferencia financiera”.

En resumen, el informe señala que el gobernador y la gerente general regional, están por encima de las normas que dichos funcionarios suscriben, lo que no se puede tolerar en un Estado Constitucional de Derecho. Si los funcionarios encabezados por el gobernador Sánchez, creen que el gobierno regional es su hacienda personal donde ellos definen por sí y ante sí, lo que corresponde es que el Consejo Regional o algunos de sus consejeros, propongan una ordenanza regional que regule con mayor precisión los requisitos sobre las transferencias y las sanciones a funcionarios que incumplen obligaciones legales.

Una ordenanza está por encima de una Resolución Ejecutiva Regional y una Directiva Regional por jerarquía normativa y el gobernador no podría objetarla ni observarla, salvo que el contenido de la ordenanza colisione con la legislación vigente o la Constitución.

Por tanto, los consejeros deben justificar sus dietas que perciben mensualmente no solo para fiscalizar, sino para legislar, creando, modificando o derogando ordenanzas que regulen mejor el funcionamiento de los gobiernos regionales en su jurisdicción territorial, ya que tienen asesores jurídicos pagados que deben justificar su producción normativa.

Los informes de las comisiones no deben concluir solo en los hallazgos, sino también deslindar las responsabilidades de los funcionarios, pero también proponiendo proyectos de normas para regular mejor la hacienda regional y evitar abusos e ilegalidades como las transferencias a municipios. Para eso los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa reconocida en la Constitución.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado