El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, declaró a la prensa la última semana que el gobierno nacional evalúa la posibilidad de fusionar cuatro ministerios en dos, al margen de crear el ministerio de Infraestructura como anunció la presidenta Boluarte en su mensaje a la nación el 28 de julio.

Demartini, sostuvo que una posibilidad es que se fusionen los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que está en plena evaluación y la decisión final se adoptará en las próximas semanas. El tema de la fusión de los ministerios como era previsible ha generado apoyo, pero también rechazo en la sociedad civil y políticos de diversos grupos.

Entre los argumentos que evalúa el gobierno de Boluarte, es que es necesaria una simplificación de la administración pública lo que supone eliminar procedimientos administrativos innecesarios, lo que aparentemente sería lógico. Sin embargo, sus detractores sostienen que el gobierno quiere debilitar el Estado para ponerlo al servicio de los grupos económicos y otros afirman que vendrá una lluvia de despidos de los trabajadores estatales lo que significaría agravar los conflictos sociales en el país, debilitándose la gobernabilidad del Perú.

Sin embargo, más allá de las simpatías y antipatías políticas personales, la propuesta merece un amplio debate nacional desapasionado y el escenario natural y democrático, debería ser el Acuerdo Nacional donde casi todos estamos representados, pero no se le toma en cuenta o derivarse al CEPLAN que es un organismo técnico que proyecta hacia donde debemos ir como Estado soberano e independiente en las próximas décadas.

Hemos revisado como está constituido los poderes ejecutivos de los países de América Latina y hemos comprobado que algunos tienen más ministerios que el Perú y otros menos ministerios que nuestro país. Veamos.

Brasil tiene 24 ministerios en su poder ejecutivo y cuenta con una población de 210 millones de habitantes,  Argentina tiene 16 ministerios con una población de 48 millones de habitantes, Perú tiene 19 ministerios y contamos con 33 millones de habitantes, Uruguay tiene 18 ministerios y apenas cuenta con un poco más de 4 millones de habitantes, Chile tiene 23 ministerios y cuenta con 20 millones de habitantes, Bolivia tiene 18 ministerios y tiene 12 millones de habitantes, Colombia tiene 16 ministerios y tiene una población de más de 50 millones de habitantes.

Un caso especial es de Ecuador que, si bien tiene 21 ministerios, en su poder ejecutivo tiene 4 grandes supra ministerios coordinadores. Por ejemplo, el denominado Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social engloba al ministerio de Inclusión Económica y Social, al ministerio de Salud Pública, al ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y al ministerio del Deporte.  Parece ser que Boluarte pretendería imitar el ejemplo ecuatoriano en relación a la composición del poder ejecutivo.

No hay duda que el Perú del siglo XXI requiere múltiples reformas, no solo en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo y Poder Judicial. Dicha reforma estatal debería alcanzar a los organismos constitucionales autónomos. Es decir, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al BCR, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Contraloría General de la República, al Sistema Electoral, a la SBS y el Ministerio Público.

Es más, también debería evaluarse y reformularse los gobiernos descentralizados. Nos referimos a los gobiernos regionales, gobiernos municipales provinciales y gobiernos municipales distritales. Es decir, una reforma integral del Estado y no solo del poder ejecutivo como evalúa el gobierno de Boluarte. Debemos tener un Estado eficiente, pero descentralizado y que sea competitivo ante un entorno globalizado, pero que esté principalmente al servicio de sus ciudadanos y al desarrollo del país y no al servicio de los grupos económicos y transnacionales como hoy perciben los ciudadanos.

En síntesis, personalmente estoy de acuerdo con la reforma del Estado, pero estas reformas deberían ser consensuadas y no impuestas verticalmente desde arriba hacia abajo. El Acuerdo Nacional debería ser el foro donde todos a través de nuestros representantes deliberemos el tema y definamos el asunto. El gobierno y el Congreso tendrán legalidad para aprobar las leyes para reformar ministerios, pero carecen de legitimidad y respaldo social y si imponen al carpetazo dichas reformas legales, puede ocasionar un desembalse político social de imprevisibles consecuencias para el país agravando la estabilidad y gobernabilidad de nuestra República.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado