La congresista Ruth Luque, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto incorporar el delito de ecocidio en el Código Penal, sancionando conductas que pongan en peligro grave, permanente, extenso y duradero al medio ambiente.

El proyecto pretende incorpore el artículo 305-A en el Código Penal bajo los siguientes términos, Artículo 305-A.- “Ecocidio. El que a sabiendas realiza una acción o incurre en una omisión que crea un riesgo sustancial que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente, generando efectos prolongados en el tiempo o la afectación irreparable en especies o áreas naturales protegidas o la salud de las personas; será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años ni mayor de 25 años y con doscientos ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Luque afirma que, frente a los diversos desastres ecológicos como el derrame de petróleo, incendios forestales, contaminación hídrica por relaves mineros y otros, es cuestionable el papel que vienen cumpliendo las diferentes instituciones del Estado, al no garantizar y velar efectivamente por la conservación y protección de todo el legado natural que heredamos. Sobre este extremo, nuestro país, lamentablemente a la fecha no cuenta con el desarrollo de dispositivos legales y nuevos tipos penales que, garanticen la protección irrestricta del medio ambiente en el que vivimos y que, sancionen ejemplarmente los daños ambientales permanentes o su puesta en riesgo por parte de personas dedicadas a actividades extractivas y de otra índole.

Es en ese sentido que, se considera Ecocidio al daño o destrucción de un ecosistema a gran escala con conciencia de los riesgos que implica. En otras palabras, amenaza seriamente al mundo biológico. Desde junio del 2021, el ecocidio ha sido definido legalmente como un posible quinto crimen del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Según Stop Ecocide, la principal ONG que trabaja para criminalizar el ecocidio, hay algunos ejemplos de lo que podría criminalizarse. Entre ellos, el daño a los océanos provocado por la sobrepesca industrial, los vertidos de petróleo, la contaminación con plásticos, la deforestación a consecuencia de la ganadería y la agricultura intensiva, los incendios intencionados, la extracción minera, la contaminación del agua y del suelo por los vertidos químicos, las actividades relacionadas con la minería, la fractura hidráulica, la contaminación del aire por las emisiones de las grandes industrias, los desastres nucleares, los escapes radiactivos, etc.