En una asamblea popular desarrollada el martes 27 de febrero con la participación de sus delegados de sus 20 bases y luego de una amplia deliberación de tres horas, el Frente de Defensa de la Provincia de Caylloma, acordó rechazar la transferencia de la titularidad del Proyecto Majes al gobierno nacional y censuraron al gobernador regional, Rohel Sanchez, consejeros regionales, alcaldes de Caylloma y autoridades de la blanca ciudad por avalar y suscribir un acta luego de la reunión con los viceministros, sin previamente haber dialogado con la poblacion cayllomina.

Lo informó el presidente del Frente de Defensa de Caylloma, César Flores, quien refirió que su oposición se debe a que si Majes II pasa al gobierno nacional serán los grupos económicos de Lima serán los únicos beneficiados con las tierras y los pequeños y medianos agricultores continuarán postergados. Agregó que esta pretendida cesión de la titularidad de Majes al gobierno nacional es un retroceso en el proceso de descentralización que consagra la Constitucion Politica, por lo que demandó que el Consejo Regional no apruebe dicha transferencia. Asimismo, acordaron pedir la renuncia del gerente de AUTOCOLCA ante presuntos malos manejos de un CETPRO en la provincia de Caylloma en los últimos meses.

Entre tanto, el alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, mediante un oficio múltiple del 22 de febrero, invitó a las Comisiones de Regantes y Frente de Defensa de Caylloma, a la reunión informativa a desarrollarse el jueves 29 de febrero a las 09 en el salón de usos múltiples de dicha munipalidad.

En la convocatoria, el alcalde señala que en la reunión se analizará y evaluará los aspectos coyunturales relacionados al Proyecto Majes y AUTODEMA. Trascendió que la reunión lo efectúa el alcalde Mamani y los consejeros de Caylloma, ante la “lluvia” de acidas criticas de sus pobladores en medios de comunicación de la zona quienes lo han tildado de “traidores” así como a la consejera Yesenia Choquehuanca, por suscribir un acta en el gobierno regional por avalar la transferencia de Majes II al gobierno nacional sin contar con el consentimiento de la sociedad civil de la provincia.