Mediante Decreto Supremo 003-2024 publicado en el diario oficial, el gobierno aprobó el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, de obligatorio cumplimiento para la implementación de dicha Política Nacional.

Las entidades públicas de nivel nacional, regional y local, con responsabilidad en la provisión de servicios y la ejecución de intervenciones priorizados en el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, deben articular dichos servicios con sus instrumentos de gestión estratégica y operativa, conforme a lo dispuesto en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – Sinaplan; y adoptar las medidas necesarias para cumplir con la entrega de los mismos y sus indicadores, en los plazos establecidos.

La norma publicada afirma que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su calidad de entidad conductora de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, cuenta con facultades de coordinación, articulación intersectorial, seguimiento, evaluación y asistencia técnica a las entidades públicas del ámbito nacional, regional y local con responsabilidad en la provisión de los servicios priorizados en la Política Nacional Penitenciaria al 2030.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante su Dirección General de Asuntos Criminológicos (DGAC), realiza el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, en el marco de la evaluación de la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, en concordancia con las directivas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. La implementación de las medidas y acciones asociadas al presente Decreto Supremo, se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas de nivel nacional, regional y local responsables de la provisión de los servicios priorizados en la Política Nacional Penitenciaria al 2030, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.