El nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza Barrantes, afirmó que se guiará en su gestión por la Constitución y la ley, cumpliéndola y haciéndola cumplir en el desarrollo de sus funciones constitucionales, especialmente en los procedimientos disciplinarios a los magistrados del país.

De la Haza juramentó ante la presidenta saliente, Imelda Tumialán Pinto, en una ceremonia desarrollada el lunes 08 de enero y como vicepresidente fue reelegido el doctor Aldo Vásquez Ríos. En su discurso de asunción al cargo, afirmó que ofrecerá todas las facilidades al defensor del Pueblo para que el presente año se realice el concurso público en el que se elegirá a los nuevos miembros de la JNJ y lamentó los niveles de provisionalidad en el Poder Judicial y Ministerio Público que alcanzan niveles “alarmantes” que resultan incompatibles con los estándares de independencia funcional de los que debe estar dotado todo magistrado.

De la Haza, acotó que la JNJ ha tomado diversas iniciativas, hasta ahora infructuosas, para promover los ajustes que sean necesarios entre el Poder Judicial y el Ministerio Público con el Ministerio de Economía y Finanzas para que, aunque sea progresivamente, se provea del diferencial entre el valor de las plazas provisionales y titulares, que permita las convocatorias respectivas a cargo de la JNJ.

Entre tanto, en su discurso de cierre de gestión, Imelda Tumialán, señaló que la Junta Nacional de Justicia, haciendo uso de los mecanismos que provee nuestro sistema legal y supranacional, ha defendido la institucionalidad y la independencia de la que debe encontrarse prevista este órgano constitucional autónomo, impidiendo toda injerencia, ajena a los estándares de un estado de derecho.

Al hacer un balance de gestión, indicó que en el 2023 fueron nombrados más de 200 magistrados (55% jueces y 45% fiscales), se ratificaron 168 magistrados, se concluyó la evaluación parcial de 52 magistrados (26 jueces y 26 fiscales) de los distritos judiciales y fiscales de Callao y Lima Este.

En relación a los procedimientos disciplinarios seguidos a jueces y fiscales, el número de denuncias recibidas en 2023 alcanzó las 1,691, relativas a magistrados de todos los niveles y provenientes de todo el territorio nacional. El 57% de las mismas han tenido ya un pronunciamiento en esta sede y se encuentran en trámite el 43%.

Precisó que durante el período que culmina se iniciaron 55 investigaciones preliminares y están en curso 100 procedimientos disciplinarios abreviados, ocho ordinarios y tres inmediatos. Los primeros están referidos a los pedidos de destitución formulados por los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, los segundos son los iniciados en esta sede tras investigación preliminar y los últimos están referidos a aquellos casos en los que existen indicios que ameritan la apertura de procedimiento, prescindiendo de la investigación preliminar, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 255 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y con lo establecido en el Reglamento pertinente. Todos los procedimientos disciplinarios tienen, de acuerdo a ley, una duración máxima de nueve meses, susceptible de ampliarse por causa justificada hasta por tres meses adicionales, informó Tumialán.

Refirió finalmente que entre los procedimientos disciplinarios abreviados han concluido 80 con la aplicación de sanciones, 74 de ellos con destitución, que corresponden a 21 fiscales y 53 jueces. Respecto a la Comisión de Revisión Especial para la evaluación de las decisiones del ex CNM, de los 2,376 casos tramitados y revisados, se estableció que en 411 se halló presuntas graves irregularidades dando lugar a una investigación que está en pleno trámite.