El gobierno regional de Arequipa está demorando el inicio del procedimiento administrativo sancionador a ex gerentes y funcionarios de AUTODEMA en tres contratos, lo que podría ocasionar la prescripción del mismo, lo que impediría que la administración pública realice el deslinde respectivo.

Así lo señala en conclusión el informe de orientación de oficio 038-2023 del órgano de control institucional de AUTODEMA denominado “implementación de recomendaciones de los informes de los servicios de control posterior, seguimiento y publicación”.

La OCI de AUTODEMA y la Subgerencia de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos de la Contraloría General de la República, afirman que desarrollaron diferentes servicios de control al PEMS – AUTODEMA, emitiéndose informes, en los cuales se identificaron presuntas responsabilidades administrativas a funcionarios y ex servidores públicos involucrados en cada informe de control posterior. Siendo que, en el caso de los Gerentes Ejecutivos involucrados en los servicios mencionados, y al no contar la Entidad con la potestad disciplinaria sobre estos, a razón que pertenecen al Gobierno Regional de Arequipa, Sede Central, en adelante “GORE siendo el Gobernador Regional su superior jerárquico, en los informes de control se recomendó a la Entidad.

El informe de refiere que AUTODEMA hizo el respectivo deslinde de responsabilidades de los servicios de control y los remitió al Gobierno Regional, a fin que la Secretaria Técnica realice el procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, los documentos con el cual se remite al GORE se efectuaron aproximadamente a los 11 meses de que este OCI comunicó a la Entidad los mencionados informes; este hecho, podría ocasionar la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, como es el caso de la Auditoría de Cumplimiento N.° 11088-2022-CG/APP-AC, conforme a lo señalado en el oficio N.° 71-2023-GRA-ORH-STPAD de 11 de diciembre de 2023.

La OCI de AUTODEMA indica que son tres los servicios de control donde tendrían responsabilidad funcionarios de dicha entidad en el periodo 2022 y 2023. Estos contratos son, sobre la Cesión en uso de terrenos de la asociación de productores Sol Radiante, Contrato de concesión, construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación de las pampas de Siguas y el proceso de contratación de la ejecución y supervisión de la obra de creación del sistema de bombeo para evacuar aguas del subsuelo de la región Arequipa, así como su relación contractual.

El informe precisa que en cuanto a la prescripción, se debe de considerar que esta figura determina la extinción de la competencia de la administración pública para poder sancionar al funcionario en plazo de tres años; así pues, al vencimiento del plazo de prescripción establecido sin que se hubiera instaurado el procedimiento administrativo disciplinario – PAD, prescribe la facultad de la Entidad para dar inicio a este, no resultando posible la determinación de existencia de responsabilidad por parte del presunto infractor; es por ello que, se debe tener en cuenta el artículo 94 de la ley del Servicio Civil4 , en la cual establece los plazos de prescripción para el inicio del procedimiento disciplinario a los servidores civiles y ex servidores.

El informe de la OCI de AUTODEMA, indica que así lo obliga la Ley del Servicio Civil – Ley 30057, el Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM, Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley 30057, Directiva 002- 2015-SERVIR/GPGSC, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 101-2015-SERVIR-PE de 20 de marzo de 2015 y sus modificatorias y el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, aprobado mediante Decreto Supremo 04-2019-JUS, publicada el 25 de enero de 2019.

En la recomendación, el informe da cuenta de este caso al Gerente Ejecutivo del Proyecto Especial Majes Siguas – Autodema, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los de los objetivos respectivos.