La Fiscalia de Prevención del Delito de Arequipa, informó que los alcaldes distritales y provinciales que efectúen sorteos de artefactos eléctricos y vehículos a favor de sus contribuyentes el 31 de diciembre del 2023 y el 06 de enero del 2024, podrían ser denunciados por los delitos de peculado y malversación de fondos tipificados en el Código Penal.

La petición de intervención de la Fiscalia de Prevención del Delito lo solicitó el ciudadano Cirilo Patiño Cáceres, quien, con documentación, sustentó ante la Fiscalia que los alcaldes distritales de Cerro Colorado, Yura y otros, estan promocionando que los ciudadanos paguen sus impuestos y se acojan a amnistías tributarias y los que lo hagan, podrán participar en el sorteo de artefactos eléctricos y vehículos nuevos programados para el 31 de diciembre del 2023 y 06 de enero del 2024 lo que afecta al patrimonio estatal de las municipalidades y está prohibido por la legislación penal.

La Fiscalia de Prevención del Delito, indica que el Código de Etica de la Función Pública en el artículo 27 afirma que,” los funcionarios deben proteger y conservar los bienes estatales y utilizarlos para el desempeño de sus funciones, evitando su abuso, derroche y no debe permitir que otros lo hagan para fines particulares”.

Entre tanto el Código Penal, en el artículo 399 refiere que se comete delito de malversación de fondos cuando el funcionario, “que da dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que estan destinado, afectando el servicio o funcion encomendada”. Asimismo, el artículo 387 del Código Penal referido al peculado, afirma que se comete dicho delito cuando el funcionario o servidor, “se apropia o utiliza en cualquier forma para sí u para otro los caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”.

La Fiscalia de Prevención del Delito, exhorta por tanto al alcalde provincial de Arequipa y de distritos, cumplan con sus deberes de proteger y conservar los bienes estatales, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, evitando emplear o permitir que otros utilicen el patrimonio estatal para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados, bajo el riesgo de ser denunciados penalmente.