El congresista Alfredo Pariona Sinche, presentó el proyecto de ley que propone derogar el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, afirma que el 20 de diciembre de 2023 se publicó el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público. En este decreto legislativo, ciertamente, se establecen algunas modificaciones y precisiones que contradicen la función constitucional del Ministerio Público, puntualmente, en el extremo de conducir desde su inicio la investigación del delito, donde se detalla que, con este propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

El congresista afirma que dicho DL contraviene la Constitución de modo directo, pues el artículo 159 del texto constitucional establece de manera categórica que el único director de la investigación del ilícito es la Fiscalía, siendo que la Policía Nacional en este ámbito está bajo su mandato. La Constitución no distingue en ninguna parte que la dirección de la investigación, dependiendo de las acciones, estrategias o etapas desarrolladas, tienen órganos directores distintos.

Alfredo Pariona, indica que su iniciativa legislativa, pretende corregir una norma inconstitucional de afectación indebida de competencias de un órgano constitucionalmente autónomo, como es el Ministerio Público, permite legitimar la actuación del Estado en el deber de protección de la Constitución Política del Perú. Asimismo, al evitar que se genere una distorsión funcional en el campo de las investigaciones fiscales frente a la ocurrencia de delitos, se refuerzan las garantías del debido proceso, concepto este último que configura un derecho y un principio constitucional. En este sentido, la sociedad se verá beneficiada, mediante el aseguramiento de una investigación especializada e imparcial.