El viernes 15 de diciembre el pleno del Congreso que integran 130 legisladores, definirá si “remueven en forma inmediata” a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, tal como propuso el congresista de extrema derecha, Jorge Montoya. Para remover a los magistrados de la JNJ, debe obtenerse 87 votos aprobatorios, ya que son altos funcionarios de estado y forman parte de un organismo constitucional autónomo.

Los siete magistrados de la JNJ, juramentaron a sus cargos en enero del 2020 por un periodo de cinco años y llegaron a la magistratura por alcanzar los primeros puestos en un concurso público dirigido por una comisión especial en el 2019. Según la Constitución vigente, los artículos 150, 154, 155, 156 y 157 regulan su gestión. En resumen, la JNJ, se encarga de la selección, nombramiento, ratificación, suspensión y destitución de los jueces y fiscales del país, son independientes y se regulan por su Ley Orgánica 30916.

El artículo 157 de la Constitucion, afirma que, “Los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”. Es cierto que la Carta Magna, habilita al Congreso a remover a la JNJ, en su ejercicio de control politico. Sin embargo, esa remoción debe respetar el debido proceso establecido como garantía constitucional en el artículo 139 inciso 3, lo que ha sido ratificado por múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes han afirmado que, en sede parlamentaria, debe respetarse el debido proceso.

Otra observación al inminente “caballazo parlamentario” de la extrema derecha, es que, en el reglamento interno del Congreso, no está regulado ni tipificado con precisión en qué consiste la causal de “falta grave”, cuya responsabilidad es del actual y anteriores parlamentos.

En el fondo del asunto, la intención política de la derecha es “remover a la JNJ” como una venganza política porque dichos magistrados suspendieron en sus funciones a la ex fiscal de la nación, quien ha sido acusada de liderar una organización criminal, pero también proteger sus espaldas de varios congresistas que tienen procesos penales en el Ministerio Público, así como los líderes de sus organizaciones políticas.

No menos relevante, es que este es el cuarto proceso de “destitución” que ha presentado la extrema derecha en alianza con un sector de la izquierda parlamentaria de los siete procesos de remoción presentados desde el año 2022, lo que evidencia que la mayoría conservadora parlamentaria pretende a como dé lugar controlar el sistema de administración de justicia para someterlo a sus intereses, ya que ellos sostienen que actualmente está “copada por los caviares”, lo que es muy discutible. Veremos que sucede en las próximas horas en el parlamento.

Un detalle final. Los congresistas de extrema derecha sostienen que el Congreso tiene la obligación de efectuar control politico y se amparan en su autonomía constitucional, lo que ellos suponen que es “un cheque en blanco” que les otorga la Carta Magna lo que no es cierto.

En la sentencia recaída en el Expediente N° 0012-1996-I1TC, el supremo interprete de la Constitución que es el Tribunal Constitucional, afirmó el carácter restringido del concepto de autonomía constitucional de los órganos creados por la Constitución, incluido el Tribunal Constitucional, estableciendo lo siguiente:

«La autonomía constitucional es la capacidad de auto gobiemo para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado, sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste «.

En síntesis, esta sentencia señala que ninguna persona natural ni jurídica puede apartarse de la legislación vigente, y no puede mal interpretarse que, al amparo de la autonomía constitucional, los poderes publicos y organismos constitucionales autónomos, incluido el TC, pueden desconocer el ordenamiento jurídico de la Nación.

Por ser de interes público, damos cuenta quienes integran actualmente la Junta Nacional de Justicia, pero también quienes son los suplentes que reemplazarían a los titulares si la mayoría parlamentaria derechista aprueba destituir a los actuales magistrados de la JNJ.

Imelda Tumialan Pinto

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia es Imelda Julia Tumialan Pinto. Abogada con Master de Gobernanza Global y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla La Mancha y doctorado en Derecho. Tiene experiencia profesional en la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Poder Judicial. Ocupó el cargo de vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2020.

Aldo Alejandro Vasquez Rios

Es actualmente el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Abogado y magíster en Periodismo por la Universidad de San Martín de Porres (Lima) y Licenciado en Ciencias Sociales por ILADES (Santiago de Chile) y la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). Está en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad del País Vasco. Completó los estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad de Deusto (Bilbao) y obtuvo el grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos entre el 21 de octubre de 2015 y el 28 de julio de 2016.

Henry José Ávila Herrera

Es Abogado por la Universidad Católica San María (Arequipa). Magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; posee un título en estudios de posgrado por la Universidad de Castilla – La Mancha – España; estudios en el Máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III – España (2021). Es Doctor en Filosofía (PhD) por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresado de la maestría en Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo por la Universidad de la Rábida, Sevilla, España.

Luz Inés Tello de Ñeco

Ex Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, con amplia experiencia en la administración de justicia, con estudios de postgrado en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales en la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Catolica del Perú.

Antonio Humberto de la Haza Barrantes

Abogado, titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia laboral en el sector privado.  En lo académico, posee el grado de Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, postgrado en penal económico por la Universidad de Castilla La Mancha- España, Doctor (PhD) en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, exprofesor de la Universidad de Lima y, actualmente, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Maria Amabilia Zavala Valladares

Abogada en ejercicio activo de la profesión y consultora en materias de derecho civil, derecho penal, derecho de familia, derecho administrativo y contratación pública. Con amplia experiencia en docencia, administración de justicia, gestión pública y cooperación internacional. Tiene Maestría y Doctorado en Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Fue ministra de Justicia y Jueza Suprema.

Guillermo Santiago Thornberry Villarán

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister en Desarrollo Económico en la Universidad de Cambridge. Integró el Directorio de PERUPETRO, de abril 2015 a junio 2017; asesor de la Vicepresidencia de Investigación de la UNDC (Universidad Nacional de Cañete) desde junio a noviembre de 2016; presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) desde el 11 de febrero 2007 al 11 de abril 2012; sub jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Ejerció la docencia en la Universidad Particular San Martín de Porres, en la Universidad ESAN, en la Universidad del Pacífico y en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

Si la extrema derecha logra 87 votos y destituye a los miembros titulares de la JNJ, por orden de mérito, los suplentes serán convocados. Ellos son, los abogados, Abraham Siles Vallejos, Mónica Rosell Medina, Marco Tulio Falconi Picardo, Jaime de la Puente Parodi, María del Pilar Tello Leiva, Jorge Calderón Castillo y Jacinto Rodríguez Mendoza.