El congresista Luis Aragón de Acción Popular presentó el proyecto de ley que tiene por objeto autorizar, de manera excepcional, a las   una plaza mediante concurso público de méritos y cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 30220, Ley Universitaria, para el ejercicio de la docencia.

La propuesta legislativa indica que el proceso de nombramiento regulado es de aplicación a los docentes contratados de las universidades públicas, cuyo ingreso a la función docente se hizo mediante concurso público y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 30220, Ley Universitaria, respecto a la promoción de la carrera docente.

El proyecto de ley señala que se autoriza a las universidades públicas a desarrollar acciones necesarias para nombrar al personal docente contratado para la prestación del servicio educativo de pregrado. Para tal efecto, durante el año fiscal 2024, las universidades públicas quedan exceptuadas de las restricciones en los numerales 8.2 y 8.3 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. Los procesos de nombramiento a que hace referencia el presente artículo se realizan en las plazas disponibles y registradas en el aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público en condición de vacante. Lo dispuesto en el presente artículo no debe generar gasto adicional al tesoro público, dichas plazas se financian con cargo a los presupuestos asignados de las universidades públicas.

El congresista Aragón en la exposición de motivos, afirma que su presente propuesta legislativa es viable toda vez que existen antecedentes legislativos y normativos que han procedido a nombrar de forma excepcional a los docentes universitarios contratados en el año 2021. Refiere que los docentes contratados de las 52 universidades públicas que tiene el Perú no cuentan con estabilidad laboral y son contratados por periodos de nueve o diez meses que dura el año académico, lo cual pone en riesgo sus derechos fundamentales a la alimentación, vivienda, salud, entre otros, así como de las personas dependientes de ellos. Por lo cual, el Estado debe procurar implementar las medidas para garantizar la estabilidad laboral de todos los docentes contratados.