El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que el Procurador del parlamento nacional presentó apelación ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a la medida cautelar emitida por esa instancia que suspende provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Soto, indicó a la representación nacional que, al no haberse presentado los miembros de la JNJ en la sesión convocada a fin de debatir y votar el informe final, en mayoría, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se reprogramará la citación oportunamente en estricto respeto al debido proceso y a la legalidad que rigen todos los actos parlamentarios, así como en observancia de los precedentes legislativos sobre el tratamiento de similares materias.

El presidente del legislativo, informó también que el primer oficio enviado a la Presidencia del Congreso corresponde a la magistrada Inés Tello de Ñeco, quien designó como abogado defensor, en el proceso sumario que se le encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por la presunta comisión de causa grave, a Omar Cairo Roldán. Fue enviado el 3 de noviembre del presente año.

El segundo oficio, enviado el 7 de noviembre, responde a las comunicaciones cursadas a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para citarlos a la sesión plenaria del 8 de noviembre. Ponen de conocimiento del Pleno que asistirán los 7 miembros de la JNJ, y que su defensa será asumida por los letrados Samuel Abad Yupanqui y Omar Cairo Roldán, abogado de Inés Tello de Ñeco, así como de la presidenta de la Junta, Imelda Tumialán Pinto, y su vicepresidente Aldo Vásquez Ríos.

En el tercer oficio leído y enviado los integrantes de la JNJ señalan que, habiendo sido notificados en la resolución 2 de fecha 7 de noviembre del presente, mediante la cual la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concede la medida la cautelar solicitada en el proceso de amparo, a ellos les corresponde acatar y “se encuentran impedidos legalmente de asistir a la citación cursada” por el Pleno del Congreso.