La congresista Patricia Chirinos, presentó ante la Fiscalía de la Nación, una denuncia penal contra los jueces de la Sala Constitucional de Lima por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato quienes horas antes concedieron medida cautelar a favor de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia y ordenaron la suspensión del debate parlamentario para removerlos de sus cargos.

Chirinos, en su denuncia, afirma que en todo el procedimiento contra los integrantes de la JNJ se observó de manera rigurosa las garantías del debido proceso. Refiere que hay antecedentes parlamentarios de remoción al ex Consejo Nacional de la Magistratura el 21 de julio del 2018 por inconducta.

Indica que los magistrados de la Sala Constitucional emitieron la resolución que concedió medida cautelar a favor de los miembros de la JNJ y suspendieron todos los efectos de la imputación de cargos contra ellos que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso. Afirma que dicha resolución judicial es arbitraria y abusiva ya que invade fueros de competencia exclusiva y excluyente del Congreso como lo estableció el Tribunal Constitucional en el expediente 0003-2022-PCC-TC por lo que la resolución judicial menoscaba la competencia del Congreso que la Constitucion le reconoce, suspendiendo el desarrollo de un procedimiento parlamentario pese a no contar con dichas atribuciones, por lo que han transgredido el delito penal de prevaricato y el delito de abuso de autoridad del Código Penal.

Según Chirinos, los jueces al expedir resoluciones no pueden subrogar inconstitucionalmente las competencias de otro poder estatal ni las atribuciones de otro órgano constitucional, ni impedir u obstaculizar su ejercicio.

Entre tanto, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionario Públicos dispuso abrir investigación preliminar por 60 días contra los magistrados de la Sala Judicial Constitucional, Néstor Paredes, José Acosta e Ivan Cabrera, quienes emitieron la resolución judicial que concedió medida cautelar y ordenaron la suspensión del procedimiento parlamentario contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que el Congreso habia programado para el miércoles 08 de noviembre.