El gobierno mediante el Decreto Legislativo 1799-2023 publicado en el diario oficial, autorizó el uso de recursos de canon y sobrecanon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales, lo que incluye infraestructura y equipamiento a favor del Ministerio del Interior, para ser destinado a la Policía Nacional del Perú, y al mantenimiento de activos generados con dicha inversión.

La norma publicada refiere que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales están facultados a ejecutar sus presupuestos mediante convenios con el Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 29010, Ley que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú, y modificatorias. Las inversiones se realizan en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El decreto legislativo indica que la implementación se financia con cargo a los recursos asignados a los gobiernos regionales y gobiernos locales, por lo cual no irroga recursos adicionales al Tesoro Público.