Durante los primeros nueve meses del 2023, la Contraloría General ha identificado, como resultado de los servicios de control posterior, presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3,969 funcionarios públicos involucrados en irregularidades cometidas en diversas entidades públicas en todo el país, informó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentar su informe de gestión institucional y otros temas.

Durante su presentación, mencionó que este año se espera concretar más de 45 mil servicios de control, pero enfatizó que se necesita fortalecer más las capacidades de los gestores públicos para que puedan reaccionar con mayor rapidez ante las alertas que emite la Contraloría a través de los servicios de control simultáneo que suman 30, 351 al 30 de setiembre.

El titular de la Contraloría se refirió al control realizado a las medidas de prevención y gestión de riesgos ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño y precisó que, desde abril del presente año, el Poder Ejecutivo ha destinado S/ 4,116.3 millones a financiar medidas para la gestión de riesgos de desastres y el nivel de ejecución total es de solo el 13.5% al 5 de octubre, de los cuales a nivel del Gobierno Nacional se tiene un 11% de ejecución.

El Contralor General dio cuenta de la aplicación de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, y detalló que en el 2022 se realizó esta modalidad de control simultáneo a un total de 588 obras públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, dando como resultado un total de 1,085 hitos de control concurrente e identificando 3,885 situaciones adversas.

Shack refirió que del total de situaciones adversas identificadas, el 54% (2,087) son de tipo cualitativo tales como deficiencias en registros administrativo y/o procedimientos en la ejecución de una obra, retraso en plazos de ejecución programados, deficiencias en expediente técnico, inadecuadas prácticas de almacenamiento de materiales, entre otros; y el 46% (1,798) de tipo cuantitativo como penalidades no ejecutadas, pagos por prestaciones no ejecutados, pagos por prestaciones parcialmente ejecutadas, ampliaciones de plazo no sustentados, garantías no retenidas, entre otros.

Finalmente, el Contralor, acotó que el presupuesto institucional de la Contraloría General de la Republica para el año fiscal 2024, cual asciende a S/ 1,165.8 millones y como parte del Plan Nacional de Control 2024 se tiene previsto realizar 50 mil servicios de control, de los cuales 20 mil serán servicios de control simultáneo en la modalidad de control concurrente.

También detalló que para el próximo año se tiene previsto continuar con la reforma del control gubernamental y para ello, se enviaron diferentes proyectos de ley al Congreso, cuyos objetivos son ampliar las competencias del Contralor General y realizar mejoras al control; promover la eficiencia, integridad y la sanción en la administración pública; auditar a las personas y su comportamiento; fortalecer el Ecosistema de Control en el sector público, entre otros.