El congresista, Waldemar Cerrón de Perú Libre, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto reconocer, a los partidos políticos, como asociaciones de interés público con participación política de la ciudadanía y evitar la criminalización de las organizaciones políticas, así como promover la protección e intangibilidad de sus respectivos bienes y activos, cuando uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores estén inmersos en una o varias investigaciones fiscales y/o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso.

La propuesta legislativa afirma que se reconoce, a los partidos políticos, como asociaciones de interés público que, como instituciones fundamentales, fortalecen la democracia para la vigencia, defensa, fortalecimiento y funcionamiento del sistema democrático en nuestro país, para evitar su criminalización.

El proyecto de Cerrón, indica que cuando uno o varios de los militantes, afiliados o fundadores de una determinada organización política, estén inmersos en una investigación por cualquier hecho delictivo, deben ser individualizados de acuerdo a su grado de participación en concordancia con el inciso 1) del artículo 67; inciso 2) del artículo 330 y el inciso 1) del artículo 336 del Código Procesal Penal, sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Cerrón sostiene que las organizaciones políticas, son controladas, vigiladas y fiscalizadas bajo las facultades que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones. Siendo así, podemos definir que las organizaciones Políticas son de interés nacional por lo mismo que se encuentra vinculada al fortalecimiento de la democracia, más aún, si a través de las organizaciones políticas se promociona el interés general en materia de derechos de elegir de los ciudadanos y con ello vincularse indirectamente a los derechos de asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otra de bien común, en especial las que recurren a la voluntad democrática de los ciudadanos.

Estando lo mencionado podemos definir que las organizaciones políticas son instituciones de interés nacional, como tal no pueden ser criminalizadas desde la aplicación de la persecución de la criminalidad. Más aún, si la vigencia de los partidos políticos está sujetos al sistema administrativo regulado por el Jurado Nacional de Elecciones. Estando a los argumentos expuestos, podemos afirmar que, pretender criminalizar una organización política el cual es de interés nacional, sería como forzar la aplicación del derecho penal, más aún cuando su vigencia obedece principalmente al derecho administrativo sancionatorio.