El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, mediante Decreto Supremo 009-2023-JUS, publicado en el diario oficial, aprobó la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 la que es de cumplimiento obligatorio para las entidades de la Administración Pública y las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

La Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 constituye una política nacional multisectorial, cuya conducción está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El decreto supremo indica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lidera técnicamente el seguimiento y la evaluación de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030.

El proceso de seguimiento y evaluación se realiza de conformidad con las pautas metodológicas que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en materia de seguimiento y evaluación de políticas y aquellas que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considere pertinentes. Será la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realiza el seguimiento de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, con la información provista oportunamente por las entidades de la Administración Pública responsables del cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional, a fin de realizar el seguimiento y evaluación de su implementación.

La norma publicada refiere que las entidades del Estado responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, están a cargo de la implementación y ejecución de la misma, conforme a sus funciones y competencias, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

Para tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de los servicios, actividades operativas identificadas, así como otras intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030.