La congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto modificar el artículo 98° de la Ley 30220, Ley Universitaria, para limitar el costo del derecho de examen de admisión, en los procesos de admisión a las universidades públicas y eliminar la discriminación económica de los postulantes. Este monto no debe superar el 10% de la remuneración mínima vital, incluyendo todos los conceptos.

La propuesta legislativa indica que tiene como finalidad garantizar el acceso a los procesos de admisión de las universidades públicas, y eliminar cualquier tipo de discriminación económica entre los postulantes, por lo que la admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo.

El concurso consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional. El Estatuto de cada universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso ordinario de admisión, cuyo costo para los postulantes a las universidades nacionales, incluyendo todo concepto, no deberá superar el 10% de una remuneración mínima vital, sin importar la institución educativa de procedencia. Asimismo, establece el régimen de matrícula al que pueden acogerse los estudiantes. Ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y por estricto orden de mérito.

El Estado, a través del Ministerio de Educación a través de la SUNEDU, supervisa el cumplimiento de esta ley, considerándose como falta muy grave la no observancia por parte de las universidades públicas.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de la congresista Medina, refiere que las tarifas, aprobadas por las autoridades universitarias sirven para los costos y gastos del proceso de admisión, se han ido incrementando progresivamente, convirtiéndose en una barrera económica para todos los jóvenes que aspiran a una carrera universitaria. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, el derecho para el examen de admisión en la modalidad «ordinario» alcanza incluso un costo de S/. 870 soles, es decir, el 85% de la remuneración mínima vital (RMV) en el Perú en la actualidad, por lo que la cantidad de postulantes del proceso de admisión 2022 — II, el cual alcanzó 4,157 personas, podríamos tener un ingreso que fluctúa entre S/. 2 a S/. 3 millones de soles aproximadamente.

En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde el derecho al examen de admisión en la modalidad «ordinario» alcanza incluso un costo de S/. 860 soles, es decir, el 84% de la remuneración mínima vital en el Perú en la actualidad, escenario muy similar al de la UNI. En el norte del país, también se encuentra la tercera región más poblada del país, La Libertad con 2.0 millones de pobladores, en cuya Universidad Nacional de Trujillo (UNT) el derecho al examen de admisión en la modalidad «examen ordinario» alcanza incluso un costo de S/. 300 soles, es decir, aproximadamente el 29% de la remuneración mínima vital en el Perú.

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), donde el derecho al examen de admisión en la modalidad de «proceso ordinario» alcanza incluso un costo de S/. 276 soles, es decir, aproximadamente el 27% de la remuneración mínima vital en el Perú.

La congresista Medina, remarca que, de la revisión de la Constitución, las Políticas de Estado y Nacionales, y de la normativa universitaria, se desprende la indiscutible inferencia que el objeto es el Fin Supremo del Estado, es decir, «el bienestar de las personas», en este caso, los jóvenes peruanos que aspiran a una formación universitaria. Por ende, es antagónico que en los procesos de admisión las universidades nacionales establezcan barreras económicas, con costos elevados como lo demostrado en análisis cuantitativo; discriminando así a estos peruanos, a brindarles una oportunidad de labrarse un proyecto de vida digno.