El Congreso aprobó, con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, por causa grave, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con un plazo de 14 días hábiles para que presente su informe.

Fue después de debatir y aprobar la Moción de Orden del Día N.° 7565, presentada por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), en la que se argumenta “la remoción de la totalidad de los integrantes de ese organismo, por haber incurrido en actos que configuran una situación de causa grave, en aplicación del artículo 157 de la Constitución”.

Los magistrados aludidos son Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto De La Haza Barrantes, Iviarta Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry Villarán y Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco.

El documento refiere, como fundamentos de hecho, el pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera; y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.

Asimismo, por la interpretación del artículo 156 de la Constitución Política del Perú en torno al cese en el cargo del miembro de la JNJ, que es a los 75 años de edad, lo cual es automático; y la filtración de procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación. Durante el debate, parlamentarios de distintas bancadas sostuvieron que la moción presentada responde a una medida que forma parte de las funciones del Congreso de la República, establecida en la Carta Magna y que es necesario investigar.

En ese sentido se pronunció la congresista Martha Moyano Delgado (FP), quien pidió una ampliación de siete días más para la investigación respectiva, habida cuenta de que la moción solicitaba siete para realizar el proceso. Este planteamiento fue aceptado por Chirinos Venegas.

La legisladora consideró que la participación del Congreso en el tema está normada, que es parte del control político que le corresponde hacer y que es necesario investigar.

Otros parlamentarios que se manifestaron de acuerdo con la moción fueron Alejandro Muñante Barrios (RP), Alejandro Cavero Alva (Avanza País), Edwin Martínez Talavera (NA), Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP), y Luis Ángel Aragón Carreño (AP).

En contra de la petición, por considerar que debe respetarse la autonomía del organismo de justicia, se pronunciaron Jaime Quito Sarmiento (NA), Susel Paredes Piqué (CD-JPP), Jorge Marticorena Mendoza (PB), Ruth Luque Ibarra (CD-JPP), Sigrid Bazán Narro (CD-JPP), entre otros legisladores.

Asimismo, con 73 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa que autoriza a la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, a salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre de 2023 a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pedido indica que la jefa de Estado participará en las principales actividades de la semana de alto nivel del septuagésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de setiembre próximos.

La intervención de la presidenta de la República permitirá posicionar al Perú como un actor comprometido con los desafíos globales y con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como resaltar los intereses nacionales en la prevención y gestión del riesgo de desastres naturales, la protección del medio ambiente y de la Amazonía, entre otros temas clave de la agenda internacional.

Durante el debate, los congresistas Susel Paredes (CD-JP), Jaime Quito (NA), Elías Varas Meléndez (PB), Hilda Portero López (AP) y Enrique Wong se mostraron en contra del viaje de Boluarte Zegarra a los Estados Unidos.

Ellos coincidieron en que la mandataria debe resolverse los problemas álgidos que atraviesa actualmente nuestro país como la inseguridad ciudadana, los problemas ambientales, y prever de medidas que garanticen el bienestar de la población ante la llegada de El Niño global.

Breve comentario de la investigación a la Junta Nacional de Justicia.

No hay ninguna duda que, en un Estado Constitucional de Derecho, todos estamos sometidos a control por mandato constitucional. Es, por tanto, el Congreso Nacional que representa al pueblo quien ejerciendo su funcion y derecho de control politico y fiscalización, puede iniciar investigaciones a autoridades, instituciones y personas jurídicas y naturales, en cualquier asunto de interes público.

Sin embargo, la misma Constitución prohíbe el abuso del derecho, ya que no hay ningún derecho absoluto exento de control, incluido al poder legislativo, según lo ha confirmado en varias sentencias el Tribunal Constitucional. Concretamente, lo que acaba de aprobar el Congreso de mayoría derechista es, otro “caballazo” más, no amparado en normas jurídicas, sino en su mayoría numérica del cual estan haciendo abuso, tratando de copar los organismos constitucionales autónomos como la Junta Nacional de Justicia.

El tema lo ampliaré más en detalle en otra columna de opinión en los próximos días, pero adelantaré lo siguiente. En ninguno de los artículos del reglamento del Congreso que tiene categoría de ley orgánica, se faculta que una Comisión efectué una investigación sumaria en 14 días y mucho menos en la Carta Magna, no hay ningún artículo que señala que hay investigaciones sumarias. Ese simple hecho, evidencia que los “seudo demócratas de la derecha bruta y achorada”, han violado el principio de constitucionalidad y legalidad que ellos deberian ser los primeros en hacer respetar.

En nuestra Constitución y legislación, está establecido que, en todo proceso administrativo, disciplinario o judicial, debe respetarse el debido proceso y eso tiene múltiples etapas y generalmente tiene duración de semanas y meses, justamente para hacer respetar el debido proceso que es una garantía constitucional. Eso es lo que está violando esta mayoría de la derecha parlamentaria que abusa de su mayoría numérica, pero carece de argumentación jurídica para sostener sus acuerdos írritos y al margen del ordenamiento legal.

Es probable que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, al ver sus derechos amenazados por el “caballazo parlamentario”, interpongan una acción de amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial, invocando afectación al debido proceso en sede parlamentaria y un juez constitucional podría darles la razón. Varias resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han afirmado que, en sede legislativa, también tiene que respetarse escrupulosamente el debido proceso y su incumplimiento, puede acarrear nulidad de un proceso, como el que acaba de aprobar la mayoría congresal para vergüenza de los peruanos.

Los peruanos tenemos que saber, que el fondo del asunto politico, es que la mayoría derechista parlamentaria, lo que quiere es capturar la Junta Nacional de Justicia y someterla, ya que dicha entidad tiene que ver con el nombramiento y destitución de jueces y fiscales a nivel nacional ya que dicho organismo constitucional goza de autonomía constitucional.

Como la derecha parlamentaria e incluso algunos de la izquierda parlamentaria, tienen a sus líderes acusados y procesados en el Ministerio Publico y Poder Judicial por diversos delitos, entre ellos organización criminal, lo que quieren en el fondo, es sacar a los miembros de la JNJ, poner en dicho organismo a sus “monaguillos” e indirectamente controlar a los magistrados del sistema de justicia y “blindar”  a sus líderes y caudillos políticos impresentables, pero también a la cuestionada Fiscal de la Nación, que está siendo investigada por varios delitos por la Junta Nacional de Justicia.

Desde 1980 en que retornó la democracia al país, nunca he visto un Congreso tan mediocre e incompetente, salvo honrosas excepciones, que vulnera en forma permanente la Constitución y legislación vigente, cuando, por el contrario, ellos al juramentar a sus cargos, prometieron respetar la Carta Magna y el marco jurídico nacional. Estamos notificados los peruanos que la derecha parlamentaria está en una “borrachera de poder” y creen que no tienen que rendirle cuentas a nadie y menos al soberano. Este Congreso impresentable e ilegitimo se ha sacado la careta.Pretenden destituir a los integrantes de la JNJ en pocos dias, tal igual como lo hicieron con el presidente Pedro Castillo en cuatro horas, violando la Constitución y el reglamento interno del Congreso que tiene categoria d ley orgánica.

Ahora quieren copar la JNJ e irán despues a la caza del Sistema Electoral si los peruanos no les ponemos freno a su angurria de poder. Quieren ganar en la mesa, lo que no pudieron ganar en la cancha, es decir, en elecciones democráticas del año 2021. Desde esta tribuna periodística digital de Arequipa Misti Press, remarcamos: “No al caballazo parlamentario” y añadimos ese aforismo popular: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado