La Presidencia del Consejo de Ministros, el 24 de agosto, informó que, en la primera etapa del cumplimiento de estándares de integridad pública por parte del Gobierno Regional de Arequipa, solo ha logrado el cumplimiento del ICP de 0.58 y hay una brecha de implementación del estándar de 0.42. Así lo refiere “El Reporte Nacional de Implementación del Modelo de Integridad: Resultados de la aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción a los Gobiernos Regionales 2023”.

Según el reporte oficial de la PCM referido al GRA, los componentes que lograron su plena implementación fueron, Control y Supervisión y Monitoreo. Sin embargo, los componentes que tienen brechas de implementación son, Compromiso de la Alta Dirección, Políticas de Integridad, Transparencia, Comunicación y Capacitación y Encargado del Modelo.

El reporte de la PCM, refiere asimismo que, el componente Gestión de riesgos no presenta avances, por lo que debe cerrarse las brechas de implementación advertidas y el gobierno regional de Arequipa, deberá ejecutar varias acciones descritas en los próximos meses. Refiere que en noviembre del 2023 se realizará la evaluación anual de la Etapa 1 y se dará inicio a la evaluación de la Etapa 2.

El reporte de la PCM, señaló asimismo que el gobierno regional de Arequipa, debe implementar las siguientes acciones:

• Implementar una Oficina de Integridad Institucional, a fin de fortalecer a la instancia que ejerce la Función de Integridad.
• Incorporar la Integridad como objetivo o acción estratégica del Plan Estratégico Institucional y/o Plan Operativo Institucional de la Entidad.
• Realizar el análisis de riesgos de corrupción de la entidad, conforme a lo establecido en la Resolución 01-2023- PCM/SIP.
• Aprobar un Código de Conducta (Directiva 02-2021-PCM/SIP).
• Asegurar la implementación de las acciones de prevención y mitigación de conflicto de intereses, conforme a lo establecido en la Directiva 02-2021-PCM/SIP.
• Desarrollar un procedimiento para reconocer la contribución del personal a la observancia de los valores promuevan y protejan el desempeño ético de la función pública.
• Aprobar una directiva o lineamiento que promueva la transparencia e integridad en el proceso de contratación de personal.
• Monitorear el cumplimiento de presentación de DJI por parte de los sujetos obligados.
• Realizar el monitoreo de la actualización de los PTE, conforme a la Resolución Directoral 11-2021-JUS/DGTAIPD.
• Asegurar la implementación de las recomendaciones emitidas por el OCI.
• Incorporar contenidos sobre ética e integridad en el proceso de inducción, siguiendo las pautas de la SIP.
• Aprobar una directiva que establezca el otorgamiento de medidas de protección al denunciante.
• Realizar una evaluación de los resultados del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción respecto a la implementación del Modelo de Integridad.
• De crearse la Oficina de Integridad Institucional, explicitar en el ROF la función de implementación, seguimiento y monitoreo del Modelo de Integridad.
• Realizar comunicaciones a las áreas de la entidad informando que la Oficina de Integridad Institucional es la encargada de brindar asistencia técnica respecto a la implementación del Modelo de Integridad.

El reporte de la PCM, indica que con la publicación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se institucionalizó el Modelo de Integridad como una estrategia para la implementación de diversas medidas, orientaciones y buenas prácticas dirigidas a incrementar la capacidad preventiva de las entidades públicas frente a la corrupción. En efecto, la adopción progresiva de mayores niveles de transparencia, la incorporación de la gestión de riesgos, el fortalecimiento de los mecanismos de capacitación y el cumplimiento de las disposiciones añadidas a la normativa existente requería de una intervención estructurada y un mecanismo de monitoreo permanente a las entidades públicas.