En sesión ordinaria del lunes 15 de mayo, los siete integrantes que representan a diversas instituciones de Arequipa dentro del Comité Cívico Anticorrupción de la Región Arequipa, eligieron como Presidente a Jesús Gregorio Rios Torres, quien representa a los Cesantes de la Central Unitaria de Trabadores del Perú en Arequipa.

El segundo acuerdo adoptado fue elegir como Secretario Técnico del Comité Cívico Anticorrupción a José Luis Salas Gonzales que representa a los Cesantes del Colegio de Ingenieros de Arequipa. Asimismo, otro de los acuerdos adoptados fue solicitar al gobernador regional que les faciliten un local para realizar sus reuniones de coordinación, pero también requerir toda la información documentada sobre presuntos actos de corrupción presentados ante la actual gestión regional.

El Comité Cívico Anticorrupción fue creado mediante la Resolución Ejecutiva Regional 203-2023 el 17 de abril del 2023 suscrita por el gobernador regional, Rohel Sánchez. Integran dicho Comité por un año Elba Oviedo de Zambrano, representante de la Mesa de Concertación de Adulto Mayor, Eleuterio Bustamante Cuadros, representante de los Cesantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jorge Sanz Núñez, representante de la Asociación de Cesantes de la Gerencia Regional de Salud, José Salas Gonzales, representante de los Cesantes del Colegio de Ingenieros del Perú, Jesús Rios Torres, representante de los Cesantes de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, Carla Mamani Franco, representante de la Universidad Nacional de San Agustín y Juan Banich Galdos, representante de la Universidad Católica San Pablo.

El Comité Cívico Anticorrupción tiene las siguientes atribuciones: a) efectúa funciones de contraloría social a todas las dependencias regionales, b) proponer políticas para la prevención y lucha contra la corrupción a nivel regional, c) elaborar un plan de acción anticorrupción y emitir informes periódicos, d) fomentar una cultura de valores y etica en la sociedad y la función pública, e) proponer lineamientos regionales para prevenir la inconducta funcional y actos ilícitos en la administración regional monitoreando los procesos críticos de la gestion regional.