La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que preside el gobernador Rohel Sánchez, mediante un pronunciamiento, expresó su desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley del Congreso por el cual se pretende fortalecer la fiscalización de los consejeros y regidores, obligando a que se destine hasta el 2% del total de las partidas de bienes y servicios de los gobiernos regionales y municipales.

El pronunciamiento rechaza que se pretenda achacar a los gobernadores en casos de corrupción cuando ese problema nacional se ha dado en todos los niveles de gobierno en el país y no solo en las regiones, por lo que consideran que los parlamentarios estan actuando con sensacionalismo y califican al proyecto de ley aprobado como centralista y autoritario.

Los gobernadores regionales rechazan asimismo el proyecto de ley de reforma constitucional que presentó el congresista Alejandro Cavero por el cual se les pretende interpelar y acusar por infraccion a la Constitución. Sostienen que ese proyecto pretende desconocer los alcances del artículo 191 de la Constitucion que garantiza la autonomía constitucional de los gobiernos regionales en el aspecto politico, económico y administrativo, desconociéndose la ley por el cual los gobiernos si pueden ser vacados o suspendidos en sus cargos establecidos en la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Breve comentario del tema

El pronunciamiento tiene más contenido politico que jurídico. Consideramos positivo que el Congreso haya aprobado el proyecto de ley por el cual se destina hasta el 2% de los gastos corrientes para que los consejeros cumplan con su obligación de fiscalizar lo que hasta hoy no tienen, ya que tienen restricciones presupuestales tanto para tener profesionales y peritos para fiscalizar obras que ejecutan los gobiernos regionales e incluso no tienen vehículos para desplazarse y supervisar las obras. Incluso el monto del 2% aprobado es ridículo y deberia llegar a por lo menos el 5% del total presupuestal.

La mayoría de gobernadores regionales temen la fiscalización y creen que los gobiernos regionales son su hacienda personal y en anteriores gobiernos regionales se lograban “mayorías hechizas” en los consejos regionales con consejeros que se sometían al gobernador por “prebendas” como sucedió en Arequipa con los “hijos del Condor” del ex gobernador Elmer Cáceres. Eso no debe volver a suceder jamás y la sociedad civil debe hacer más control social tanto al ejecutivo como legislativo regional y cumplan sus obligaciones, porque para eso los gobernadores ganan altos sueltos y los consejeros perciben dietas mensualmente.

Otro error del pronunciamiento de los gobernadores regionales, es que ellos creen que la autonomía constitucional que les garantiza la Constitucion, es absoluta, irrestricta e indefinida. Craso error. En el Perú no hay autonomía absoluta y no se puede incurrir en el abuso del derecho por mandato constitucional. Así lo ha señalado en múltiples sentencias el Tribunal Constitucional.

En el expediente 00027-2007-AI/TC el Tribunal afirmó que” la autonomía no es absoluta, sino que tienen que enmarcarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, es decir, la autonomía se encuentra subordinada a la Constitución y la ley con el fin de evitar una situación de anarquía institucional”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado