El consejero regional César Huamantuma, anunció que, en la próxima sesión del Consejo Regional, solicitará que se tramite ante la gobernación regional que se anule la resolución que concedió el ex gerente Arroyo en favor de la empresa minera Zafranal a quienes concedieron el usufructo por 30 años el 28 de octubre del 2022.

El consejero sostuvo que el sustento para anular dicha resolución debe tomar como referencia el informe de orientación de oficio 001-2023 de la Oficina de Control Interno de AUTODEMA suscrito por Paul Medina, quien detectó varias ilegalidades e irregularidades que afectarían la legalidad de la gestión de los predios estatales de propiedad de AUTODEMA.

El legislador regional afirmó que el informe de OCI de AUTODEMA señala que la empresa minera no cumplió con los requisitos del DS 008-2021- VIVIENDA de la Ley 29151 del Sistema Nacional de Bienes Nacionales, algunas Oficinas y Jefaturas no cautelaron los bienes que estaban obligados a proteger y emitieron informes favorables a favor de la empresa minera y que el ex gerente Arroyo debió informar a la anterior gobernadora regional la resolución del usufructo lo que habria omitido incumpliendo sus deberes legales.

Huamantuma agregó que también solicitará en la próxima sesión se conforme una Comisión Investigadora para deslindar las responsabilidades individuales políticas y legales del ex gerente Arroyo y ex funcionarios en AUTODEMA sobre la forma como se emitió la resolución de usufructo a favor de la empresa minera, para luego plantear la apertura de procesos administrativos disciplinarios a los que no cautelaron los bienes patrimoniales de la región Arequipa.

El consejero señaló que el gobernador Sánchez tiene el deber ser coherente con sus promesas anticorrupción en la gestion regional y separar a funcionarios de AUTODEMA que favorecieron a la empresa minera y anular dicha resolución. Finalmente, precisó que la próxima semana debe presentarse ante el Consejo Regional por segunda vez el nuevo gerente de AUTODEMA, Ulises Aguilar Villavicencio, quien debe precisar qué medidas correctivas a adoptado en este caso concreto y si no satisface sus respuestas, evaluará la posibilidad de presentar un pliego interpelatorio contra dicho funcionario regional.