Diario Sin Fronteras

Caso Autodema

En sesión del Consejo Regional de Arequipa del viernes 23 que tuvo una duración de tres horas, la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, informó que solicitó al gerente de AUTODEMA información documentada el 21 de diciembre sobre el contrato de usufructuó a favor de la empresa minera Zafranal donde le expresó a Arturo Arroyo que no está de acuerdo con la escritura pública suscrita a favor de la empresa minera Zafranal, por lo que dicho derecho debe ser revisado y anulado en los próximos días.

Previamente, el presidente del Consejo Regional, José Hancco, en la sustentación de este tema, afirmó que el derecho de usufructuó por 30 años a minera Zafranal es una atribución de la gobernadora regional según la ley orgánica de gobiernos regionales en el artículo 21 a través de una resolución ejecutiva regional, por lo que debe anularse el derecho de usufructuó por no cumplirse obligaciones legales, ya que Autodema no tiene competencia para otorgar dicho usufructuó. Remarcó que la resolución de Arroyo, viola la ordenanza regional 154 del año 2017 ya que dicha atribución es competencia de la gobernadora regional y no de AUTODEMA, no habiéndose hecho una tasación comercial por parte de Bienes Nacionales y no tener un informe técnico legal que sustente la tasación efectuada donde no se señala el área, ni la tasación, ni su partida registral, por lo que según Hancco, debe anularse la resolución de AUTODEMA.

En su respuesta, Arturo Arroyo, gerente de Autodema, señaló que el terreno es propiedad de ellos y no del gobierno regional de Arequipa y la empresa minera solicitó el usufructuó por 30 años amparados en el decreto supremo 008-2021 del Ministerio de Vivienda y al ser declarado de interes nacional, se concedió ese derecho de usufructuó por 30 años. Arroyo sostuvo que es un acto de administración y no de disposición de bienes por lo que no tiene competencia el gobierno regional, habiendo cumplido la empresa minera con todos los requisitos establecidos por la legislación vigente. El funcionario de AUTODEMA, indicó que los terrenos en usufructuó es de 12 mil hectáreas que no son del gobierno regional y no afecta al Proyecto Majes II sustentados en informes técnicos de AUTODEMA, en tanto que la tasación comercial que presentó la empresa minera será actualizada anualmente.

La gobernadora regional, conminó al gerente de AUTODEMA a que revise ese tema y anule el usufructuó, tema que será analizado el martes 27 en su sede institucional informó Arroyo.

En el debate entre consejeros, Beto Vernal, afirmó que Autodema no puede hacer lo que quiere con terrenos del estado y acusó a Arroyo de no facilitarle el expediente para hacer una evaluación del derecho de usufructuó que le dio a minera Zafranal. El consejero Pinto criticó que el gerente de Autodema haya dispuesto el usufructuó de 12 mil hectáreas y lo calificó de “personaje siniestro” ya que el usufructuó llegará a Majes y generará enfrentamientos y muertos por lo que como consejero regional no será cómplice de estas irregularidades del gerente de Autodema.

Arroyo respondió que no respondía las “sandeces” expresadas por el Consejero Pinto, y que la concesión a la empresa minera se dio desde el año 2009 con 931 hectáreas que años después se incrementó hasta 12 mil hectáreas el año 2022. Remarcó que se anulará el usufructuó si se detectan irregularidades en dicho proceso y reconoció que no se divulgó el proceso de usufructuó a la empresa minera ya que se concentró en el Proyecto Majes II.

Silvio Arias criticó a Arroyo por no precisar cuál es el costo de 12 mil hectáreas ni se haya facilitado información a los consejeros regionales sobre el expediente del usufructuó. La gobernadora Gutiérrez, afirmó que no conocía este proceso de usufructuó y remarcó que remitió un memorándum al gerente de Autodema para que evalué la anulación o rectificación el contrato de usufructuó porque es lesivo a la gestion regional al margen de haber omitido información al despacho regional, ya que no está de acuerdo con los 30 años de usufructuó concedido. El gerente de Autodema, afirmó que se reunirá con los funcionarios de su sector y abogados y el próximo martes 28 le comunicará la decisión adoptada a la gobernadora regional.

Caso de proceso de nombramientos en el GRA

Otro de los temas en la sesión del Consejo Regional fue el referido al proceso de nombramientos en la sede regional. El Jefe de Recursos Humanos del GRA, informó a los consejeros que este tema nace a petición de sindicatos de contratados con sentencia judicial con calidad de cosa juzgada, siendo la base legal de este proceso la ley de presupuesto 2022 que en el artículo 8 lo permite en el caso de sentencias judiciales de cosa juzgada que ya se hizo en el año 2018 con la ordenanza regional 417 donde se adjudicó 141 plazas. El funcionario regional manifestó que ahora se procesa 37 plazas vacantes ya que hay 95 trabajadores con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, cumpliendo solo 25 el perfil al cargo por lo que hoy se está desarrollando un concurso de ascensos que no lo regula la ley del presupuesto de la república, pero hay un comité de ascensos que falta aprobarse y se dará en tres niveles en la sede regional proceso que comenzó en noviembre 2022.

Daniel del Carpio, dirigente de sindicato de trabajadores contratados del GRA, en su exposición ante los consejeros, afirmó que este proceso nace el año 2019 quienes solicitaron se les priorice en plazas a los que tienen sentencias en calidad de cosa juzgada, por lo que el año 2020 se publicó la ordenanza regional 417 donde se adjudicó 132 plazas incorporándolos en el decreto legislativo 276 lo que consta en las actas administrativas quedando hoy más de 70 trabajadores que no fueron incluidos en la ordenanza 417.

El dirigente sindical afirmó que ellos tienen preferencia porque tienen mandato judicial de cosa juzgada, lamentando que el presidente del Consejo Regional haya manifestado a la prensa que el proceso es irregular, ya que tienen amparo en la ley del presupuesto 2022. El Jefe de Recursos Humanos informó que el gobierno regional tiene hoy 240 trabajadores nombrados, 269 con sentencias judiciales, 300 en inversiones y 300 por recibos por honorarios.

La gobernadora regional reconoció que hay una falta de sinceramiento de plazas en cada una de las unidades ejecutoras que dependen del gobierno regional y no se someten a concurso las plazas cuyo personal se jubiló por límite de edad lo que se ha arrastrado en las últimas décadas y hoy el proceso está en evaluación y no se ha aprobado y el problema existe y no debe postergarse.

Caso de licitación de estudios de Proyecto Majes II

Posteriormente, el presidente del Consejo Regional, José Hancco, cuestionó la convocatoria a licitación pública para efectuar los estudios de los términos de referencia de la infraestructura del proyecto Majes II que se pretende dar a una empresa que no reúne las garantías adecuadas que contraería como consecuencia que la concesionaria no acepte ese documento y postergue la continuidad del proyecto Majes II, además que el profesional que sustenta dichos estudios tendría una sentencia judicial condenatoria.

La gobernadora respondió que aún no se otorgado la contratación del estudio para Majes II que tiene un costo de 7 millones de soles ni se ha suscrito el contrato y se ha solicitado sus descargos al cuestionado contratista, por lo que el martes 27 se conocerá el resultado final de este caso concreto.

Caso de trabajadores despedidos de los Hospitales  

El último tema en la sesión del Consejo Regional fue el caso de los trabajadores del sector salud. Una representante de las trabajadoras informó a los consejeros regionales que son 104 trabajadores de salud contratados de los Hospitales Honorio Delgado y Goyeneche desde el año 2018 a plazas que estaban vacantes presupuestadas y libres por personal fallecido. Indicó que el 31 de octubre del 2022 fueron despedidos sin ninguna explicación no respetándose la ley 24041 que señala que los trabajadores que tienen contratos permanentes más de un año tienen estabilidad relativa e indefinida acreditadas con boletas, por lo que no entienden que la gerencia regional de salud les haya despedido sin base legal, más aún cuando trabajaron en plena pandemia sanitaria.

La representante de los trabajadores de salud afirmó que el origen del despido fue el proceso de desplazamiento y reasignación de personal realizado por la gerencia regional de salud el año 2022, no respetándose los derechos laborales de los 104 trabajadores con contratos permanentes.

El gerente regional de salud, Cristian Nova, respondió a los consejeros respecto al proceso de reasignaciones en los hospitales y que se abstenía de emitir opinión, ya que se ha aperturado un proceso penal en su contra en la Fiscalía. Afirmó que anteriormente se dieron contratos mal redactados por suplencia y temporalidad años atrás, por lo que se realizó un concurso de ascenso interno en agosto y culminó en septiembre del 2022 para coberturar plazas por suplencia para lo cual se formó un Comité Especial de Proceso de Ascenso.

Nova reconoció que la Contraloria ha observado el proceso de ascensos y el problema nació por la mala redacción de contratos en anteriores gestiones y ordenó la reposición de los despedidos que la Directora de Hospital Honorio Delgado no acató y por esa razón renunció a su cargo. Nova precisó que la única salida es convocar a un concurso público para coberturar plazas en provincias.

Ante este problema, la gobernadora Gutiérrez, anunció que el próximo martes 27 se reunirá con el gerente de salud y los trabajadores despedidos para encontrar una solución integral a este problema laboral.