Las organizaciones sociales, medios comunitarios, comunicadores y comunicadoras indígenas, medios de comunicación regionales y locales, periodistas e integrantes dela academia, consideramos que el Estado debe abordar la comunicación como un derecho humano que integra la libertad de expresión con el derecho a la información plural, veraz y adecuada culturalmente que tiene la ciudadanía, junto a una participación activa en el mismo, tal como reconoce la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA. Entendiendo que la titularidad del derecho a la comunicación y de la libertad de expresión está en todos los ciudadanos y ciudadanas y no solo en las empresas periodísticas, o la prensa concentrada, demandamos que el Estado Peruano a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo emprendan las siguientes reformas urgentes para su garantía:

1. Concentración de medios.

El Estado debe garantizar una distribución equitativa del espectro electromagnético, estableciendo cuotas para colectivos sociales en situación de vulnerabilidad, y para la población campesina e indígena. Se debe fortalecer la legislación antimonopolio para el sector de las comunicaciones, con controles previos a las fusiones y adquisiciones, distinguiendo en los niveles nacional, regional y local, y considerar límites en la propiedad cruzada de medios en diferente soporte. Además, se debe garantizar la transparencia en la información sobre la propiedad de los medios de comunicación.

2. Ejercicio abusivo de la libertad de expresión.

Actualmente existe una situación de indefensión frente a la comunicación violenta que vulnera la integridad de las niñas y niños, perpetua estereotipos degradantes contra las mujeres, los pueblos indígenas y las personas diversas, y afecta la dignidad de las personas. Se debe preservar el derecho a la información veraz, especialmente cuando se encuentran en juego otros derechos fundamentales como el derecho a la salud en el contexto de la pandemia.  Ante el fracaso del modelo de autorregulación preponderante hasta la fecha, se requiere contar con un sistema mixto sociedad civil – Estado, lo que se traduce en un órgano regulador autónomo y descentralizado del sector radio y televisión (digital, abierta y pagada o por suscripción), con participación de la sociedad civil organizada. Para evitar abusos, es necesario fortalecer los mecanismos de salvaguarda para la autonomía e independencia delas autoridades del sector transporte y comunicaciones.

3. Centralismo y falta de adecuación cultural de contenidos.

La publicidad estatal debería contar con pertinencia cultural y tendría que ser una herramienta para fortalecer la pluralidad informativa. Por ello demandamos que se descentralice la contratación de publicidad estatal, y se garanticen cuotas de publicidad para los medios indígenas y comunitarios. Se deben establecer cuotas obligatorias de programación en lenguas indígenas y establecer acciones afirmativas para los comunicadores y medios indígenas, ofreciéndoles soporte tecnológico y financiero.

4. Comunicación digital

Adecuar la normativa sectorial para garantizar derechos ciudadanos en el marco de la comunicación digital a fin de fortalecer la conectividad, garantizando el acceso a internet como herramienta para ejercer otros derechos fundamentales como: educación, trabajo, información, etc. En ese sentido, vemos la urgencia de promover una verdadera ley de medios, que contemple todas las plataformas comunicativas, con la participación activa y representativa de todos los sectores de la sociedad civil.

5. Transparencia y acceso a la información pública.

El Estado debe fortalecer las políticas de transparencia y acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno y las entidades que lo comprenden. Desde las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hasta las oficinas municipales tienen que presentar mecanismos fáciles para acceder, de forma transparente, a la información que influye en su día a día, así como los antecedentes y acciones presentes de las autoridades. Se debe considerar la necesidad de regular la conservación de archivos digitales y comunicaciones de funcionarios públicos. Frente a esta sobreprotección de la información de interés público, el ciudadano de a pie ve como su información sensible es repartida como mercancía por las empresas de telecomunicaciones, por lo que se necesita promover una discusión amigable sobre laprotección de datos personales y el consentimiento informado.

6. Violencia contra comunicadores y comunicadoras.

En los últimos años ha crecido la escala de violencia contra comunicadores, comunicadoras, periodistas y personal de medios, por lo que urge establecer un protocolo de actuación intersectorial para garantizar la labor de informativa, previniendo agresiones de autoridades, funcionarios y ciudadanos a los comunicadores, resaltando la importancia de su función, así como la obligación de proteger frente agresiones de terceros. Asimismo, la verdadera libertad de prensa garantiza también la estabilidad laboral de quienes se encuentran en el frente informativo para que sigan construyendo la opinión de sus audiencias, a pesar de posibles decisiones arbitrarias o cambios de dirección en los medios, por lo que vemos la necesidad de incorporar la obligatoriedad de una real cláusula de conciencia en los contratos de los comunicadores y supervisión estatal de su cumplimiento, para impedir la imposición de líneas editoriales sobre la libertad de prensa. Además, se deben establecer mecanismos de protección para que los comunicadores que concesionan horas de difusión no sean retirados intempestivamente por los empresarios delos medios de comunicación radial y televisiva, por propósitos económicos y/o políticos.

7. Medios públicos

Además de los medios estatales, es necesario que la ciudadanía cuente con medios públicos, es decir, medios de comunicación sin fines de lucro, con el compromiso dela mayor calidad posible en sus contenidos, bien sean educativos, informativos o de entretenimiento, con marcos institucionales que permitan la conformación de directorios con representación ciudadana, plurales y autónomos de los gobiernos de turno, dotados de financiamiento público, tanto nacionales, regionales como locales, de manera que cumplan un rol de servicio público y sean expresión de la diversidad política, social y cultural regional y local existente en el Perú, sin perjuicio de la obligación de asegurar la plena libertad de expresión.

8. Derecho a la comunicación para las comunidades indígenas

El Estado peruano debe garantizar el derecho a la comunicación para las comunidades indígenas, reconociendo su derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Desde la sociedad civil consideramos que estos son los aspectos fundamentales sobre los que se debe basar el derecho a la comunicación, que van en consonancia con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, que contempla a la sociedad en su conjunto y no solo al sector empresarial.

• Asociación Nacional de Periodistas del Perú• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos • Coordinadora Nacional de Comunicaciones• Servicios de Comunicación Intercultural. SERVINDI • Ideeleradio IDL• Red de Comunicadores Indígenas del Perú. REDCIP