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La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el presidente del Congreso Nacional, donde señala que el Jefe de Estado es autor de tres delitos penales. Entre ellos, contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado, así como también presunto cómplice del delito contra la administración publica en la modalidad de colusión.

La denuncia constitucional también comprende a dos ex ministros de Estado. Contra Juan Francisco Silva Villegas, por su actuación como ex ministro de transportes y comunicaciones como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y colusión. Asimismo, contra el ex ministro de vivienda, Geiner Alvarado López, como presunto autor de la comisión de delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

Horas antes de formalizar la denuncia constitucional ante el Congreso Nacional, la Fiscal de la Nación, en conferencia de prensa, afirmó que hay indicios muy graves sobre la existencia de una presunta organización criminal en el Gobierno del presidente Castillo, por lo que, tras un arduo trabajo de investigación de los equipos especiales de la fiscalía, también estan comprendidos los exministros Juan Silva, Geiner Alvarado y el exgerente de Petro Perú Hugo Chávez.

Benavides subrayó que la finalidad de la organización criminal es copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas y que tras haber realizado las diligencias correspondientes señaló que los involucrados se encuentran involucrados en la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, situación que la motivó a presentar una denuncia constitucional.

La Fiscal Benavides, indicó que hay suficientes indicios que sustentan la decisión de presentar la denuncia constitucional que se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramiento en puestos claves, en el cobro de porcentaje de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales y en el gobierno existía obstrucción a la justicia, desplegada por la presunta organización criminal, contra su persona y el Equipo Especial que investiga al jefe de Estado.

Benavides en conferencia de prensa denunció una constante amenaza contra la autonomía del Ministerio Público y amedrentamiento contra su persona y familia, la hostilización contra el Equipo Especial de Fiscales y de la Policía Nacional, poniendo en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer.

Finalmente, la Fiscal de la Nación, reconoció que es responsabilidad del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convección de las Naciones Unidas contra la corrupción, ya que en el Ministerio Público están convencidos que la igualdad ante la ley demanda que todos respondan por sus actos como pieza clave de la administración de justicia, ante un país que vive plagado de corrupción y es nuestro deber erradicarla, concluyó Patricia Benavides.