La Defensoría del Pueblo en pronunciamiento emitido al recordarse el lunes 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental, demandó al gobierno nacional reforzar los niveles de atención primaria para que las personas puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno. Afirman que falta una estrategia articulada para la atención de la salud mental que debe ser dirigida por el Ministerio de Salud (Minsa) y articulada con los gobiernos regionales, EsSalud, la Sanidad de la PNP y el sector privado.

Así lo manifestó, Malena Pineda, Jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, quien refirió que hoy la atención de la salud mental no se desarrolla de manera coordinada y eficiente debido a que no hay complementariedad ni continuidad en los servicios ofrecidos, ya que cada sistema se organiza de manera diferente. La funcionaria sostuvo que, a pesar del reconocimiento de la salud mental como un derecho humano esencial en la vida de las personas, el país aún no cuenta con servicios fortalecidos, capaces de cubrir la demanda de atención de la salud mental de manera descentralizada, oportuna, de calidad y sin prejuicios.

Malena Pineda, reconoció que, si bien el presupuesto asignado al control y prevención en salud mental ha ido aumentando sostenidamente desde el 2018, actualmente representa solo el 0,2 % del presupuesto nacional y el 1,6 % del presupuesto asignado a la función salud, lo cual resulta mínimo teniendo en consideración que los problemas de salud mental representan gran porcentaje de los problemas de salud en general en la población.

La funcionaria agregó que, tras la supervisión nacional a los servicios de salud mental, se pudo verificar que de los 164 hogares protegidos que se programaron instalar hasta el 2021, solo se implementaron 57, lo que dejó una brecha del 65 %. Reconoció que, a pesar que en los recientes años se ha incrementado el número de establecimientos que prestan servicios de salud mental, la brecha de atención no logra ser superada. Así, solo 8 de cada 10 personas que necesitan atención en su salud mental, reciben tratamiento adecuado y eso ocurre por la falta de información, falta de servicios cercanos a la comunidad, estigma, prejuicios, entre otros factores.

La representante de la Defensoría resaltó que, a pesar de que muchas municipalidades cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación en cualquiera de sus formas en sus jurisdicciones y sancionan estos actos con multas pecuniarias, no se evidencia una adecuada fiscalización a los establecimientos, lo que ha ocasionado que se presenten casos en los que se denigre a personas con problemas de salud mental, como el recientemente presentado en bar Estación Psiquiátrica del distrito de Independencia.

Finalmente, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, en su condición de mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exhortó al gobierno a replantear la política de salud priorizando la atención articulada y descentralizada de la salud mental, asignándole los recursos que las personas requieren.