Imagen: Apéndice

La congresista Norma Yarrow, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la acusación constitucional contra la ministra y vicepresidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, por infracción a la Constitución a los artículos 2, numeral 2, 38 y 126 de la Carta Magna por la presunta comisión de delitos contemplados de abuso de autoridad del artículo 376, omisión de actos funcionales del artículo del artículo 377 y negociación incompatible del artículo 399, del Código Penal vigente.

Entre los argumentos expuestos por Yarrow para acusar a Boluarte, sostiene que la ministra en su declaración jurada de intereses no consignó el nombre del cónyuge de su hermana, Rene Boluarte, el señor Alfredo Pezo Paredes, lo que infringe el literal 2 del artículo 2 y permitir que su cuñado pueda contratar con el Estado en forma irregular y sin ningún impedimento.

Asimismo, al omitir el nombre de su cuñado, incumplió el artículo 3 de la Ley 31227 que permite que la Contraloría efectué el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades y funcionarios, por lo que Boluarte cometió la comisión del delito de omisión de actos funcionales tipificado en el Código Penal.

Otro de los argumentos para la acusación, es que la ministra Boluarte, por mandato del artículo 126 de la Constitución, no pueden ser gestora de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. En este tema, la ministra Boluarte, intervino en la gestión de la asociación privada del Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta de dicho Consejo Directivo, figurando en documentos oficiales que la ministra tuvo dicho cargo desde 2017 al 2022, por lo que se violado el artículo 126 de la Constitución, por lo que merece ser acusada constitucionalmente por el Congreso Nacional.