La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, formalizó una denuncia por infracción constitucional ante la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los magistrados constitucionales, Ernesto Blume, Jose Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda. Palacios sostiene que dichos magistrados constitucionales han infringido la Constitución en los artículos 1 y 2 en los incisos 1,2,3,18, 19, 21, 22, y 24, así como los artículos 200, 201 y la cuarta disposición final y transitoria, pero también el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y pueblos tribales, y por conductas tipificadas en el artículo 418 sobre prevaricato del Código Penal.

La parlamentaria oficialista sostiene que los cuatro magistrados infringieron los artículos 1 y 2 de la Constitución e incurrieron en el presunto delito de prevaricato, al haber declarado en una sentencia como improcedente una acción de amparo que presentaron las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará en la provincia puneña de Juli, donde dichas comunidades solicitaron que se anule una concesión minera por encontrarse sobre sus territorios.

Dichas comunidades denunciaron que el INGEMET y el Ministerio de Energía y Minas (MEM, no aplicaron el mecanismo de consulta previa, por lo que los magistrados Blume, Ferrero y Sardón optaron por declarar improcedente el pedido de los pueblos, ya que el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido en la Constitución en forma expresa o tácita. La congresista Palacios acusa por tanto que los tribunos desconocieron el Convenio 169 de la OIT, que, por ser un tratado internacional suscrito por el Estado Peruano, cuenta con rango constitucional, de acuerdo con diversos fallos del TC.

Asimismo, la legisladora de Perú Libre, acusa a los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón por el delito de prevaricato debido a que con sus votos en el habeas corpus se restituyó el ilegal e irregular indulto del ex presidente Kuczynski a Alberto Fujimori el año 2017, ya que dicho fallo del Tribunal Constitucional, contradice las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Palacios recuerda en la acusación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de los hechos, remarcando que el indulto a Fujimori, fue revocado por la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la Corte IDH, ya que un juez supremo encontró varias irregularidades e ilícitos en el otorgamiento del indulto a Fujimori.