El 26 el TC analizará demanda de AI sobre cuestión de confianza que presentó el PE
El Pleno del Tribunal Constitucional el miércoles 26 de enero desde las 09.30 horas analizará la acción de inconstitucionalidad que presentó el gobierno nacional contra la ley 31355 que interpreta la cuestión de confianza que regula los artículos 132 y 133 de la Constitución que aprobó el Congreso Nacional en el mes de septiembre del 2021.
Fue el magistrado constitucional, Eloy Espinoza, quien confirmó que ya presentó a sus colegas su ponencia respecto a ese tema, por lo que el miércoles 26 habrá un debate y posteriormente una sentencia.
La demanda de inconstitucionalidad lo presentó el Procurador Especializado en Materias Constitucionales del Poder Ejecutivo, Dr. Luis Huerta Guerrero, quien solicitó al Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma legal que aprobó el parlamento nacional. Huerta sostiene que la ley aprobada contraviene los artículos 43, 102, 118, 132 y 133 de la Carta Magna.
El Procurador argumentó que la ley aprobada por el Congreso, contraviene el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el principio de separación de poderes, que comprende el equilibrio y balance entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el artículo 102, inciso 1, de la Constitución, sobre la competencia del Congreso para interpretar las leyes, el artículo 118, numeral 3, de la Constitución, que reconoce la competencia del Poder Ejecutivo para dirigir y ejecutar la política general del gobierno y los artículos 132 y 133 de la Constitución, sobre la cuestión de confianza facultativa.
Huerta agregó que el 28 de setiembre del 2018 el TC en una sentencia, indicó que la cuestión de confianza, “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”, por lo que el poder legislativo ha violado la Carta Magna y no respeta las sentencias del máximo órgano contralor de la Constitución.