El 15 de diciembre del 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas mediante dos oficios, dirigido al gerente regional del gobierno regional de Arequipa, Jorge Suclla Medina, devolvió los expedientes de contratación donde, en resumen, señalan que dichas solicitudes de contrataciones del actual gerente regional y de Edward Velarde Cáceres, no están acordes con lo que exige la legislación vigente.

El primer oficio que remite el MEFC al GRA se refiere al oficio 737-2021-GRA/GGR-HR-167141-2021, por el cual el gerente regional, Jorge Suclla, solicitó al MEFC el registro de contrato de locación de sus servicios bajo los alcances del Decreto Ley 25650 con un periodo de vigencia del 10 de diciembre al 31 de diciembre del 2021.

El MFC afirma en su contestación, que tras la revisión efectuada de la documentación remitida, ha resultado que en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, el señor Jorge Suclla Medina, registra vínculo laboral con el Estado a la fecha de inicio de contrato como docente universitario nombrado a tiempo completo contradiciendo lo señalado en el anexo 02 de declaración jurada y el subnumeral 6.4.2 de la directiva 004-2021-EF/43.1, denominado “Lineamientos para la administración del fondo de apoyo gerencial al sector público en el marco del Decreto Ley 25650 aprobada mediante resolución ministerial 118-2021-EF/43 que a la letra dice:

1. Responsabilidades
   • De los consultores FAG

6.4.2. Pueden ejercer función docente a tiempo parcial (….).

El MEFC afirma por tanto que, bajo dicho concepto, la docencia universitaria que ejerce el señor, Jorge Suclla Medina, no estaría acorde a lo dispuesto por la normativa vigente. Por lo tanto, el MEFC ante el hecho descrito, remite en calidad de devolución el expediente de contratación presentado.

En el segundo caso de Edward Velarde Cáceres, el MEFC tambien devuelve el expediente al GRA en referencia al oficio 739-2021 que le dirigió el gerente regional del gobierno regional de Arequipa, dirigido por Jorge Suclla, quien solicitó el registro del contrato de locación de servicios suscrito bajo los alcances del Decreto Ley 25650 en el periodo del 10 de diciembre al 31 de diciembre del 2021.

El MEFC en oficio de contestación dirigido al gerente regional del GRA, refiere que se procedió a revisar la documentación remitida, observándose que la experiencia profesional de Edward Velarde Caceres referido a “experiencia en gestión pública mínimo de tres años”, se sustenta con constancias de prestación de servicios, certificado de trabajo y ordenes de servicios.

Agrega que la directiva 004-2021-EF/43.07, denominado “Lineamientos del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco del Decreto Ley 25650”, aprobada mediante resolución 118-2021-EF/43, establece que en el anexo 07, “curriculum vitae que, la experiencia se acredita con constancias y certificados de trabajo, o resoluciones de designación y cese, los cuales deben tener información mínima que identifique a la Entidad que lo emite, el cargo y el periodo laborado”.

Por todo lo expuesto, el MEFC le responde al gerente regional Jorge Suclla, que no corresponde el registro de contrato de locación de servicios N° 09-2021-GRA, bajo los alcances del Decreto Ley 25650, motivo por el cual se procede a devolver el referido contrato, así como toda la documentación contenida en el oficio 739-2021-GRA-GGR.

Sobre el tema, el consejero regional por Arequipa, Harbert Zúñiga, en la última sesión del legislativo regional el viernes 07 de enero, solicitó al presidente, Jose Hanccó que curse oficio a la gobernadora encargada, Kimmerlee Gutiérrez, para que informe sobre estos dos casos y efectué las correcciones del caso y respete el marco legal vigente que regula los contratos del fondo de apoyo gerencial. Zúñiga, lamentó que la nueva gestión regional este incurriendo en los mismos vicios del ex gobernador Cáceres, quien hizo las gestiones para contratar con el fondo de apoyo gerencial a sus amigos y allegados que no tenían experiencia en gestión pública, ya que la gestión pública no es para pagar favores políticos ni amicales, en vista que de por medio están los fondos públicos que no pueden ser dilapidados irresponsablemente.

Breve análisis del caso.

Cuesta creer que la nueva gobernadora encargada, Kimmerlee Gutiérrez, haya tramitado o haya avalado dichas contrataciones con recursos del fondo de apoyo gerencial, ya que según los oficios remitidos del MEFC al gerente regional de Arequipa, ambas solicitudes de contratación han sido rechazadas porque no cumplen con los requisitos ni las directivas que regulan el Decreto Ley 25650.

De confirmarse esto, indicaría que la gobernadora transitoria, estaría rodeada de profesionales incompetentes que antes de presentar sus documentos al MEFC, no habría leído ni la ley ni las directivas que regulan las contrataciones con el fondo de apoyo gerencial. El caso del gerente es más serio aún, ya que, siendo docente universitario a tiempo completo, no puede ejercer actividades en otra entidad pública, ya que según el MEFC solo podría ejercer la gerencia regional el docente que labora a tiempo parcial. Gutiérrez y Suclla, tienen la obligación de aclarar este caso ante la opinión pública, especialmente el gerente, ya que tendría que demostrar documentadamente que tramitó su licencia sin goce de haber en la universidad que labora, ya que según el MEFC no podría laborar en el GRA ya que es docente a tiempo completo.

El caso de Edward Velarde, tambien es muy serio, porque según la respuesta del MEFC, no habría presentado en forma documentada su experiencia en gestión pública como exige la legislación vigente, lo que es grave para un abogado que debe leer lo que lo obliga la legislación y reglamentación para pretender ser contratado en el sector público.

El tema de fondo en este asunto es que si bien la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, faculta a la gobernadora efectuar contrataciones de personal y servicios, esta atribución debe ser discrecional, es decir, respetando estrictamente lo que señala la ley y reglamentación vigente. Lo contrario deviene en arbitrariedad y abuso de poder con las implicancias penales y administrativas que la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo Regional y el Congreso Nacional deben investigar y sancionar si se habrían cometido ilícitos o irregularidades.

Gutiérrez tiene la obligación de responder y aclarar ante la opinión pública, cuáles son los criterios que ella toma en cuenta y evalúa para estar designando a sus nuevos gerentes regionales sectoriales y del fondo de apoyo gerencial. La gobernadora regional tiene que entender que el GRA no es su empresa privada donde ella toma las decisiones sin rendirle cuentas a nadie ya que en las últimas dos semanas está designando gerentes sectoriales siendo un misterio cuales son los indicadores que está utilizando para designarlos en sus cargos y una sorpresa cuando ya están designados, al margen que no se están publicando en el portal de transparencia en forma oportuna estas designaciones regionales como exige la ley de transparencia.

El gobierno regional es financiado con recursos del tesoro público que provienen del pago de los impuestos de los peruanos de todo el país, por lo que los arequipeños tenemos el derecho a saber cómo se está designando a sus gerentes y asesores y cuáles son los méritos que ella evalúa antes de darles cargos de confianza o contratarlos, respetando siempre el principio de transparencia y meritocracia que prometió al asumir el máximo cargo regional. La próxima semana en nuestro portal digital daremos una opinión más amplia y rigurosa de la nueva administración regional de Gutiérrez al cumplirse el primer mes de su gestión en el GRA.