La congresista de Avanza País, Norma Yarrow Lumbreras, presentó el proyecto de ley que pretende fortalecer la función fiscalizadora de los Consejos Regionales y Consejos Municipales para lo cual propone modificar los artículos 9, 10, 13, 20, 29 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, así como también los artículos 14,15, 16, 21, 39, 78 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Yarrow, sostiene que Los gobiernos regionales y locales enfrentan en la actualidad una serie de problemas de gobernabilidad, incluyendo una alta incidencia de conflictos al interior de estos, así como la proliferación de denuncias de corrupción en contra de sus autoridades. Afirma que, durante el 2018, un total de 101 gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores fueron suspendidos o vacados de sus cargos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que se encontraban implicados en casos de corrupción a nivel judicial, según información de Convoca.pe.

Ese número de autoridades regionales y municipales incurrieron en 5 de las 19 causales de suspensión o vacancia precisadas en la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales. Estas cifras implican un incremento de más de 120% de autoridades regionales y municipales que tuvieron que dejar sus puestos por suspensión o vacancia relacionados a corrupción, respecto al 2017. Es decir, el aumento fue de 59 casos que fueron resueltos en última instancia por el órgano electoral en base a resoluciones judiciales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción de Proética, elaborada por IPSOS en setiembre del 20198, la percepción de la corrupción como problema nacional se ha incrementado, sobre todo en el interior del país.

Al respecto, según un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción emitido en mayo del 2018, existían 4,225 casos por delitos de corrupción que involucran a 2,059 autoridades y ex autoridades subnacionales en condición de imputados, incluyendo 57 gobernadores o ex gobernadores regionales, 344 alcaldes o ex alcaldes provinciales y 1,658 alcaldes o ex alcaldes distritales.

Considerando esa problemática, según la congresista Yarrow, la fiscalización como mecanismo ejercido directamente, tanto por consejeros regionales y regidores municipales en cumplimiento de sus funciones atribuidas legalmente, les permite realizar labores de vigilancia, seguimiento, auditoria, supervisión, control y evaluación, debe ser fortalecida, tanto en la posibilidad de acceder a la información de la gestión, como en el necesario financiamiento para el despliegue de sus labores de fiscalización. Ello, a efecto de evitar posibles excesos en las decisiones que se tomen por parte de los titulares de dichas entidades.

La congresista Yarrow, propone en resumen lo siguiente: modificar el artículo 9 de las atribuciones del Consejo Municipal para fiscalizar la gestión municipal y facultarlos para designar comisiones investigadoras, solicitar al alcalde o gerentes municipal solicitar información sobre temas específicos con el voto favorable de un tercio de regidores y responder en plazo de 10 días hábiles, fiscalizar la implementación de recomendaciones de las acciones de control, elaborar un informe que contenga el balance anual sobre la ejecución presupuestal, y designar al secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario.

Asimismo, propone la realización como mínimo de dos audiencias públicas distritales y provinciales al año y el Procurador Público Municipal debe informar al Consejo Municipal por lo menos cada trimestre sobre el estado de los casos judiciales siendo los informes públicos, etc.

Las principales modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es que las sesiones ordinarias sean convocadas como mínimo con 5 días de anticipación, serán atribuciones del Consejo Regional elaborar un informe que contenga el balance semestral sobre la ejecución presupuestal que deberá ser publicado en la página web del Gobierno Regional y presentado semestralmente a la Contraloría, así como designar al secretario técnico de procedimiento administrativo disciplinario. Los pedidos de información de los consejeros deberán ser atendidos en plazo de 10 días bajo responsabilidad que podrá prorrogarse excepcionalmente 5 días. La congresista Yarrow, afirma que la aprobación de la presente norma no genera costos adicionales al erario nacional o a alguna otra instancia de gobierno subnacional, sino más bien sería beneficioso para toda la ciudadanía a través de la transparencia de los actos de sus gobiernos locales y regionales.