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Ante las presuntas conductas especulativas de algunos agentes económicos del país que deliberadamente suben los precios de alimentos y servicios en plena pandemia en las últimas semanas y estar incurriendo en delito penal de especulación de precios, ya que, si bien es cierto que subió el dólar, los importadores deben demostrar sus costos y sus ganancias para justificar dichas alzas, por lo que es necesario que el gobierno del presidente Castillo, designe una Comisión para que investigue a los empresarios especuladores.

Así lo afirmó el presidente de la Asociación Peruana de Usuarios y Consumidores, (ASPEC), Crisologo Cáceres, quien refirió que la policía nacional debe investigar estos casos ya que los principales medios de comunicación no informan ni debaten sobre la especulación de precios en que estaría incurriendo los importadores de alimentos del exterior. Cáceres remarcó que no hay un desastre natural que justifique el abusivo incremento de costos en las últimas semanas y la inflación en el país no subió más del 3% en el primer semestre, por lo que no se justifica que los alimentos han subido más del 30%.

El presidente de ASPEC demandó al presidente Castillo conforme una comisión y con otras entidades investiguen que está pasando desde junio hasta agosto con el abusivo incremento de costos de alimentos y medicamentos, por lo que en dicha comisión debe estar el Ministerio Publico, Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, INDECOPI, Ministerio de Energía, Ministerio de Salud, entre otras entidades.

El directivo señaló que actualmente hay impunidad ante la inacción del estado de los organismos reguladores ante la especulación, acaparamiento y concertación de precios por parte de empresarios especuladores ya que ninguna empresa ha sido investigada y menos denunciada penalmente en el país ante el poder judicial ya que estarían incurriendo en abuso de poder económico que sanciona el Código del Consumidor que obliga al Estado a proteger a los usuarios y consumidores ya que es un mandato constitucional. Cáceres manifestó que hay mercaderes que lucran y utilizan pretextos como el alza del dólar, la incertidumbre política y la falta de confianza al gobierno para pretender justificar el incremento de sus productos que no se justifican en los últimos meses ante la pasividad de los organismos reguladores estatales, por lo que algunos malos empresarios estarían incurriendo en el delito de especulación está previsto en el artículo 234 del Código Penal.

Cáceres señaló finalmente que INDECOPI debe investigar administrativamente a los agentes económicos y determinar si han violado las leyes del código del consumidor y de represión de conductas anticompetitivas al concertar precios y violando los intereses de los consumidores, por lo que de confirmarse estas malas prácticas deben imponerles sanciones administrativas y severas multas económicas, al tiempo de agregar que las investigaciones no debe centrarse en las bodegas ni mercados, sino en los productores, importadores y distribuidores que son los que estarían concertando y especulando con el incremento de bienes y servicios desde el mes de junio hasta agosto 2021.