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El Congreso Nacional aprobó varios proyectos de ley en la penúltima semana de sesiones del actual periodo legislativo 2020-2021. Entre ellos, aprobó la ley de creación de la zona franca en la región Cajamarca en la provincia de San Ignacio, donde se desarrollarán actividades comerciales, industriales de bienes de servicios, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. La provincia de San Ignacio es la sede de la zona franca por su posición como frontera con el Ecuador, ya que le otorga una ventaja en relación con el resto de las provincias de Cajamarca.

También se aprobó el proyecto de ley de promoción de la cadena productiva ganadera lechera con la finalidad de constituir fuentes de generación de empleo a gran escala en el campo y fortalecer a los mercados y a las micro y pequeñas empresas que constituyen el eje dinamizador de la economía local, regional y nacional. La cadena productiva está integrada por las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas relacionadas a la ganadería lechera y las entidades de la administración pública vinculadas a la actividad ganadera lechera o que participen en las actividades productivas vinculadas a la ganadería lechera. Las actividades comprendidas son las siguientes: alimentación, manejo de animales, ordeño, acopio, transporte, procesamiento, transformación, distribución y comercialización de leche y productos lácteos dirigidos al consumo humano a nivel nacional e internacional.

Asimismo, el Congreso aprobó el proyecto de ley de industrialización del agro con la finalidad de generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y la sofisticación económica, la reducción de la dependencia a los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo. La norma propone encargar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego la elaboración del Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial; el que se denominará Compeagro, el cual será aprobado por resolución suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentará trimestralmente a las Comisiones Permanentes de Coordinación interministerial (CIAS) los avances y metas alcanzadas en la ejecución de Compeagro.

Se aprobó también insistir con la autógrafa observada que propone modificar el artículo 1 de la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración. El titular de la Comisión de Defensa, Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, Daniel Urresti Elera (PP), hizo una sucinta exposición de los puntos observados por el Ejecutivo; los mismos que se inician con la crítica a la ampliación del ámbito de la norma, que, en el caso de los militares y policías, ya se encuentran incluidos dentro del artículo 1, “no siendo necesario que nuevamente se les incluya en la última parte del referido párrafo”.

El Pleno del Congreso aprobó también el proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. De esta manera, se da cumplimiento a la segunda votación de esta reforma constitucional realizada en la siguiente legislatura ordinaria, tal como señala el artículo 206 de la Carta Magna.

El legislador Luis Valdez Farías, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, indicó que la finalidad de la propuesta es la lucha contra la corrupción de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. De modo que se plantea que en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, se modifique y se reconozca expresamente el derecho al secreto bancario y la reforma tributaria en todas las personas y se incorpore expresamente a los dos nuevos titulares que podrían efectuar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria que son el Contralor General de la República y el Superintendente de Banca y Seguro y AFP, precisándose que el Contralor solo puede levantar la información de funcionarios y servidores que administren y manejen fondos del Estado y de los organismos sostenidos por esté en los tres niveles de Gobierno en el marco de una acción de control.

Asimismo, se aprobó insistir con la ley que crea el nuevo Código Procesal Constitucional, cuya autógrafa fuera observada por el presidente de la República. El titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías (APP), sostuvo que el Ejecutivo viene “observando proyecto tras proyecto sin mayor razón, sin mayor análisis, y solo con el ánimo de entorpecer el trabajo de la Representación Nacional”. De inmediato, resumió los argumentos de las observaciones, que son extensos, pues cuestionan todo el texto del nuevo código por diversas razones. Primero, enfatizó los aspectos nuevos, que el Ejecutivo considera positivos, como el amicus curie, la demanda verbal o escrita en idiomas originarios.

También, la protección de derechos de naturaleza colectiva, la eliminación de la norma que permite que la demanda de habeas corpus se presente ante cualquier juez penal, y solo sea ante el domicilio del afectado o del lugar donde se cometió la violación, y la incorporación por salto. “Allí se acaban las incorporaciones que el Ejecutivo considera positivas”, expresó.

El Ejecutivo, continuó, señala que a su criterio bastaba modificaciones parciales y no un nuevo código completo e integral; además cuestiona que se modifiquen 15 artículos e incorporen 25 artículos nuevos, y que la mayoría se repiten. Sin embargo, “el Ejecutivo no ha reparado que al modificar e incorporar normas a lo largo de todo el texto hay concordancias efectuadas y una organización sistemática e integral”. Valdez manifestó que el Ejecutivo “cuestiona una falta de deliberación, en especial con el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial”. “A ello respondemos que el Ejecutivo parece desconocer o no haber tomado atención de que el tema viene siendo gestado desde hace un año, desde que se formó el grupo de trabajo que se formó en la Comisión de Constitución, que recogió el aporte de especialistas y del mismo Ministerio de Justicia”, enfatizó.

El pleno del Congreso también aprobó de ley que establece medidas de acceso a una pensión proporcional para los asegurados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que no logren acceder a una pensión regulada por el Decreto Ley 19990. La ley aprobada permitirá otorgar pensiones proporcionales, de 250 soles por el periodo de doce veces al año a quienes tengan más de 65 años y efectuaron aportes entre 10 años y no lleguen a los 15. En tanto que aquellas personas afiliadas que contribuyeron entre 15 y no llegaron a los 20 años, podrán acceder a una pensión de 350 soles durante los doce meses del año.

Según la norma, el afiliado puede acreditar sus aportes para acceder a prestaciones previsionales mediante el mecanismo de acreditación de aportes a través de declaraciones juradas de los afiliados que hayan podido demostrar adecuadamente la existencia del vínculo laboral con su empleador. Se podrá acceder a través de la acumulación de aportes del Régimen Especial de Jubilación para la Sociedad Conyugal o las uniones de hecho.

El Pleno del Congreso, también aprobó la insistencia de la autógrafa de la Ley del Serenazgo Municipal, que fuera aprobada por el Pleno del Congreso de la República el 22 de abril último y que fuera observada por el Ejecutivo. El presidente de la comisión de Defensa, Daniel Urresti (Podemos Perú), precisó que la norma establece que los gobiernos tienen autonomía en temas de su competencia, siendo el tema de seguridad de su localidad uno de ellos; razón por la cual no es comprensible la observación del Ejecutivo a esta ley que tiene alcance local. Tanto Mónica Saavedra (Acción Popular), autora de la iniciativa, como Miguel Vivanco (Fuerza Popular), vicepresidente de la comisión, precisaron que esta norma es un reconocimiento al trabajo de los serenos de diversas municipalidades en todo el país.

Se aprobó también la ley que propone establecer los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicios de reparto y distribución de bienes fue aprobada durante el Pleno del Congreso de la República. El titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra (Frepap), manifestó que el artículo 23 de la Constitución Política del país establece que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.