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El gobierno del presidente Sagasti, publicó en el diario oficial el decreto supremo 012-2021 por el cual se aprobó la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025 para el periodo 2021-2025, aprobada por unanimidad por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, creado por Ley N° 30942, la misma que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, la cual se constituye en el instrumento marco de políticas públicas en temas de justicia que orientará la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno al desarrollo de intervenciones articuladas, a fin de impulsar la reforma del sistema de justicia.

El decreto señala que la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025 es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable, mientras que la conducción estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su condición de Secretaría Técnica del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia para conducir la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025.

La norma aprobada afirma que las entidades del Estado que son responsables del cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, brindan oportunamente información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de la referida Política. Las entidades del Estado responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, están a cargo de la implementación y ejecución de la misma, conforme a su autonomía y competencias. Para tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de los servicios identificados y otras intervenciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos prioritarios de Política de Reforma del Sistema de Justicia.

El financiamiento La implementación de las medidas y acciones asociadas a la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, se financia con cargo al Presupuesto Institucional autorizado de los pliegos correspondientes, conforme a las leyes anuales de presupuesto del Sector Público, para los fines establecidos en la misma, mientras que el periodo de vigencia de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025 rige hasta el 31 de diciembre del año 2025.

El ministro de justicia, Eduardo Vega, informó que los principales aspectos que se pretenden lograr mediante la ejecución de la Propuesta de Política son:  1. la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica y el Expediente Judicial Electrónico en todo el país, 2. el cierre de la brecha de defensores públicos; 3. la implementación de la oralidad en los procesos civiles en todo el país; 4. la instauración y operatividad adecuada de servicios de exámenes auxiliares de laboratorio del Instituto de Medicina Legal y la mejora de la infraestructura penitenciaria, 5. la reducción de la provisionalidad de jueces y fiscales, 6. la implementación de un nuevo modelo de responsabilidad profesional de los abogados, 7. en materia de integridad es clave la implementación de las autoridades de control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, 8. el incremento de la cobertura de los Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 9. la aprobación de las nuevas leyes orgánicas del Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura; entre otras medidas.