Imagen: Andina

El Secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores Administrativos del Ministerio Público del Distrito Judicial de Arequipa, Fernando Jorge Chirinos Gallegos, a través de la abogada, Solange Quispe Vilca, formalizaron denuncia penal contra el Ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz y contra el Viceministro de Salud, Gustavo Martín Rosell de Almeida y los que resulten responsables por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple sancionado en el artículo 106 del Código Penal en el supuesto de comisión por omisión de conformidad al artículo del Código Penal en agravio de los ciudadanos de Arequipa.

La denuncia penal se formuló contra el Ministro de Salud, Oscar Ugarte, el Viceministro de Salud, Gustavo Rosell de Almeida y los que resulten responsables por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales previsto y sancionado en el artículo 377 del Código Penal en agravio del Estado y de los ciudadanos de la región Arequipa.

El denunciante sostiene que el gobierno nacional emitió la resolución ministerial 084-2020 del Protocolo de atención y manejo clínico de casos COVID 19 y posteriormente se aprobó el D.S. 008-2020 donde se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por 09 días. Luego el D.S. 044-2020 que declaró el estado de emergencia nacional por 15 días y aislamiento social obligatorio, ampliándose el estado de emergencia mediante el D.S. 051-2020 y posteriormente se emitió el D.S. 129-2020 que alargó dichas medidas en Arequipa por la alta tasa de letalidad y contagios en la blanca ciudad.

La denuncia afirma que, en forma reciente, se emitió el D.S. 123-2021 el 18 de junio del 2021 que aprobó el nivel de alerta extremo en las provincias de Arequipa, prohibiéndose el ingreso y salida de la blanca ciudad. En tal sentido, el denunciante indica que se necesitaba adoptar medidas urgentes en torno a un mejor plan de vacunación para reducir el riesgo de muerte en Arequipa y evitar la pérdida de vidas humanas que continúan en forma ascendente lo cual se ha incumplido de manera evidente sin mayor justificación.

Respecto a la comisión por omisión del homicidio simple, la denuncia afirma que cuando se trata de un acto omisivo, el agente debe conocer particularmente el riesgo de muerte que corre la víctima, las posibilidades que tiene para evitarla y la obligación de conjurar el peligro. Agregan que la situación de la pandemia empeoró en el mes de junio en Arequipa aumentando con un promedio mínimo de 40 y máximos de 42 fallecidos diarios, registrándose mil casos de contagios diarios y frente a esta grave situación las autoridades médicas regionales explicaron la grave situación que venía atravesando la región de Arequipa al MINSA, más aún cuando esta tercera ola tiene como protagonista a la variante Delta (variante india).

La denuncia afirma que la gerencia regional de Salud remitió múltiples oficios a la Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la Republica, Presidente de la República, Ministerio de Salud, solicitando celeridad frente a la grave situación que venía afrontando Arequipa y a fin de evitar muertes, más vacunas y mayor personal de salud. Asimismo, en reuniones con el comando COVID-19 se solicitó el respaldo urgente e inmediato para la instauración de 3 EJES en Arequipa: mejorar el primer nivel de atención con mayor presupuesto y mayor personal, el segundo extender la vacunación universal y el tercer eje fue mejorar el flujo en los hospitales.

El escrito presentado ante la fiscalía de turno, señala también que la Coordinadora Regional de Inmunizaciones de la GERESA – Lic. Elsa Quispe de Jordán el 11/02/2021 comenzó el plan de vacunación, es así que el 28/04/2021 se inició con la vacunación de las personas de 80 años a mas por lo que actualmente existe un avance del 62% de vacunación aproximadamente, luego con las edades de 70 años a mas por lo que existe un avance de 58.8% de vacunación aproximadamente y respecto a las edades 60 años a más existe un avance del 32% de vacunación aproximadamente.

Según el denunciante, dicho avance se vio limitado porque el MINSA viene restringiendo la llegada de los lotes de vacunas, condicionando al término de cada grupo etareo, lo cual deja indefensas a las personas de las edades inferiores y viene teniendo un trato discriminatorio priorizando la vacunación a las zonas urbanas y luego a las zonas rurales. En este sentido el Ministerio de Salud realizó conductas omisivas al no efectuar un correcto análisis de la grave situación que venía afrontando Arequipa con todas sus pérdidas humanas diarias, además de un alto incremento de contagios a diferencia de las demás regiones, no formulándole un debido plan universal de vacunación, lo que generó todas las muertes que se encuentran en la sala situacional de la región Arequipa la cual es alarmante.

Sobre la omisión de actos funcionales, sostiene la denuncia, que el comportamiento delictivo se configura cuando el funcionario público, omite, prescinde, descuida, desatiende o incumple algún acto funcional que normalmente está en la obligación de hacer o cumplir por estar dentro de sus atribuciones en el cargo, empleo u oficio que desempeña al interior de la administración pública.

El denunciante estima que ante todos los esfuerzos y múltiples requerimientos que efectuó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa ante el Ministerio de Salud, este no ha brindado una respuesta efectiva acorde a la necesidad de la población de toda la región Arequipa, omitiendo sus funciones de conformidad al Inc. a) del Art 5 de la ley 1161: “Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.”

Por lo tanto, el MINSA, no respondió a los requerimientos realizados por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa para acelerar la vacunación ya que Arequipa tenia mil casos de contagios y no menos de cuarenta muertos diarios, hechos que fueron de pleno conocimiento del Ministro y Viceministro de Salud, quienes pudieron evitar esos altos índices de contagios y las muertes elevadas aplicando el plan de vacunación acelerado, sin embargo no realizaron acciones oportunas para evitar dicho desastre sanitario. En tal razón, el denunciante sostiene que se ha determinado en forma fehaciente que los denunciados omitieron el correcto funcionamiento de sus deberes establecidos y estipulados en la norma y protocolos en época de pandemia, por lo que solicitan al fiscal penal de turno, aperture investigación preliminar contra los denunciados.