Mediante el decreto supremo 009-2021 publicado en el diario oficial, el gobierno del presidente Sagasti, aprobó el Plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021- 2025 que tiene 5 lineamientos estratégicos. Entre ellos,  1) Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los principios rectores y otros instrumentos internacionales; 2) Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial; 3) Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades; 4) Promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos; 5) Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación.

El decreto señala que la implementación del plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021- 2025 los Ministerios y los organismos públicos implementan y adoptan, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para cumplir con las metas del “Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021- 2025” en los plazos establecidos en el mismo, mientras que el cumplimiento del plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021- 2025 será Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la entidad conductora del “Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025” y se realizará de manera progresiva y se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La norma publicada afirma que el proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, ha permitido consensuar entre los mencionados actores acciones estratégicas, indicadores y metas para incorporar progresivamente los señalados estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos en todas las políticas públicas vinculadas con las actividades empresariales, con la finalidad de garantizar la coherencia de la política pública de derechos humanos en todos los sectores estatales nacionales y subnacionales, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de promoción y respeto de los derechos humanos de todas las personas, en especial de las más vulnerables, en el ámbito de las actividades de las empresas de todo tamaño y rubro, con una especial atención al fenómeno de la informalidad, y en consecuencia, coadyuvando al desarrollo sostenible del país.

El decreto indica que en el proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos han intervenido 132 instituciones pertenecientes al sector estatal, empresarial, pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil organizada, así como organismos internacionales y de la cooperación internacional, que han participado en 426 actividades con enfoque multiactor y descentralizado, entre mesas de trabajo, reuniones bilaterales, conversatorios internacionales, nacionales y regionales, talleres y otros mecanismos de diálogo; en todas estas actividades se ha contado con la permanente asistencia técnica de organismos internacionales y de la cooperación internacional.