El 02 de junio el congresista Javier Mendoza Marquina del grupo parlamentario Unión por el Perú, presentó el proyecto de ley que establece el ingreso libre a las universidades públicas, garantizando la calidad y gratuidad de la enseñanza universitaria a través de una evaluación constante que permita conocer las aptitudes, habilidades y competencias de los futuros profesionales del país.

El proyecto modifica el artículo 41 de la ley universitaria 30220 de estudios generales de pregrado que son obligatorios con una duración no menos de 35 créditos y que será requisito obligatorio haber aprobado todo el plan curricular de estudios generales en el ciclo y año correspondiente para que el estudiante sea admitido a los estudios de una carrera especial. También pretende modificar el artículo 98 respecto al proceso de admisión, al afirmar que el ingreso a los estudios generales de la universidad pública es libre, voluntaria y gratuita, para tal efecto, el estudiante deberá inscribirse en el proceso de convocatoria para el ingreso a los estudios generales presentando la documentación necesaria que acredite la conclusión de estudios de educación secundaria.

Es requisito para continuar con los estudios de una especialidad, haber aprobado integralmente el plan curricular de estudios generales, en el ciclo y el año correspondiente, asimismo alcanzar una plaza vacante, por estricto orden de mérito, de las ofrecidas por cada especialidad al inicio de cada año académico. Las universidades públicas están obligadas a elaborar el plan curricular de sus estudios generales y los sílabos correspondientes, bajo el enfoque de competencias, para una rigurosa formación y medición de aptitudes académicas, científicas y humanísticas de los estudiantes, los mismos que servirán de base para la determinación de criterios e indicadores de evaluación que defina la continuidad de estudiante en una carrera de especialidad.

El proyecto señala también que el examen de conocimientos solo se aplicará para los estudiantes que están comprendidos en los siguientes supuestos: a) los graduados o titulados que opten por estudiar una segunda carrera profesional, b) los estudiantes que opten por realizar un traslado interno a otra especialidad, c) los estudiantes que opten por realizar un traslado externo nacional o internacional de la universidad de origen a otra pública. Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo y corrupción están impedidas del ingreso libre a los estudiantes generales, así como de postular al proceso de admisión en las universidades públicas.

El artículo 3 del proyecto de ley del congresista Mendoza, afirma que debe declararse de necesidad pública y de interés nacional el incremento progresivo de plazas vacantes en las distintas especialidades de las universidades públicas para cubrir la demanda de los estudiantes que logren aprobar el plan curricular de los estudios generales. Asimismo, debe declararse de necesidad pública e interés nacional la construcción de nueva infraestructura en las universidades públicas para cubrir la demanda de estudiantes que opten voluntariamente por el ingreso a los estudios generales, pero también debe implementarse y sistematizarse de aulas virtuales para la ampliación de cobertura de los estudios generales vía la educación a distancia, respetando las exigencias establecidas en el artículo 47 de la ley universitaria 30220.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, se afirma que la educación universitaria debe alejarse del método clásico de enseñanza, y que, en el pregrado, la matrícula experimentó un incremento significativo ya que el año 2008 de 771,900 estudiantes se llegó a 1 millón 509 mil 400 en el año 2019. Agregan que según SUNEDU, el año 2017 se registraron 634,100 postulaciones a nivel nacional, y en cuanto a selectividad la admisión en universidades públicas fue de 1 por 5.1 postulaciones, mientras que para universidades privadas asociativas fue de 1.4 y en universidades privadas societarias fue de 1.3, por lo que las universidades públicas son más selectivas.

Eso quiere decir que según SUNEDU el año 2017 de casi 300 mil postulantes solo 50 mil ingresaron a la universidad, quedándose sin ingresar 250 mil jóvenes, por lo que, para los hogares económicamente menos favorecidos en el país, la tasa de selectividad mediante los exámenes de admisión y los costos que estos demandan, representa el principal obstáculo para acceder a la universidad pública lo que no puede continuar en el país.