En un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo que dirige el Dr. Walter Gutiérrez, demandó al gobierno nacional que se priorice la inmunización a los adultos mayores en el plan nacional de vacunación que aprobó el Ministerio de Salud. La defensoría sostiene que ante la llegada al país de 300 000 vacunas contra el COVID-19, y el anuncio de que en las próximas semanas y meses irán llegando de manera gradual nuevos lotes, el MINSA estableció criterios para proceder a la vacunación de grupos priorizados en tres fases, pero ante la falta de precisiones, la Defensoría del Pueblo, interpretando la situación de particular vulnerabilidad de las personas adultas mayores solicita se priorice la vacunación hacia ese sector vulnerable.

La Defensoría advierte que la falta de información sobre el sustento técnico y los criterios utilizados tanto para la priorización de los grupos como para la subpriorización teniendo en cuenta que los niveles de riesgo pueden ser diferenciados, por lo que la transparencia es fundamental para la comprensión de la racionalidad de las decisiones y la prudente espera de los turnos de vacunación.

La institución que defiende en el país los derechos fundamentales de las personas, agrega en su pronunciamiento que La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el documento Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas establece pautas de vacunación en las que prioriza la protección de las personas adultas mayores, y recomienda su vacunación inmediatamente después del personal de salud. Agregan que, en el país, según cifras oficiales, el 70 % de las personas fallecidas a causa del COVID-19 son adultas mayores por lo que, siendo su situación de evidente riesgo basado en la edad, solicitan se les incluya entre los grupos de atención prioritaria.

La Defensoría subraya que mientras la disponibilidad de vacunas sea muy limitada se debe priorizar al personal médico;  y cuando aumente el suministro de vacunas y aunque la disponibilidad siga siendo limitada, se debe considerar el inicio de la vacunación de las personas adultas mayores, usando un porcentaje de las vacunas disponibles, empezando por las que se encuentren en mayor nivel de vulnerabilidad, por ejemplo aquellas que desarrollan actividades laborales de riesgo como el comercio en mercados y bodegas, o personas en situación de abandono.

También agregan que es indispensable que el Minsa brinde precisiones sobre la denominada subpriorización al interior de las fases ya que no está claro si dentro de los grupos priorizados se tomará en cuenta la naturaleza del vínculo laboral o contractual; las distinciones entre trabajadores del sector público y privado; la modalidad de trabajo (remoto o presencial); la ubicación territorial (rural o urbano); el nivel y frecuencia de exposición al virus; entre otros. La Defensoría del Pueblo, alerta que, a través de sus 38 oficinas en todo el país, se mantendrá atenta al desarrollo del proceso de vacunación, supervisando que se haga con transparencia y el debido sustento técnico.