La Coordinadora General de la Coordinadora de Defensa de los Derechos Laborales del Sector Público de Arequipa, abogada, Guliana Reymer, consideró positiva, justa y constitucional, la decisión del Congreso Nacional quienes, mediante 113 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, aprobaron la ley que elimina el régimen CAS en la administración pública. La norma aprobada por el parlamento, señala que los trabajadores que desarrollen labores permanentes por dos años continuos o tres de modo discontinuo, en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa (CAS) de servicios, serán incorporados, de manera progresiva, a los regímenes 728 y 276.

La dirigente gremial de los estatales en Arequipa, sostuvo que la ley es positiva porque incorpora a los trabajadores del CAS que en algunos casos por más de 10 años laboraron para el sector público ya que dicha ley fue creada en el gobierno de Fujimori donde se conculcaron derechos laborales, en vista que la mayoría de esos trabajadores cumplen labores permanentes, pero tienen vacaciones y CTS restringidas, por lo que ahora podrán ingresar a las plazas estatales y se les reconocerá íntegramente los derechos de los servidores públicos. Descartó que la ley sea inconstitucional como afirman voceros del gobierno ya que no atenta contra la ley del presupuesto de la república, en vista que las instituciones públicas anualmente presupuestan partidas económicas para pagar a sus trabajadores estables y CAS.

Guliana Reymer, agregó que tampoco se afecta la meritocracia como sostiene SERVIR, ya que fue el Estado a través de sus diversos niveles de gobierno quienes nunca convocaron a concursos públicos para ingresar a la administración pública, responsabilidad que no es de los trabajadores sino de quienes aprueban e implementan leyes conculcando derechos laborales. Finalmente, señaló que también debe derogarse la ley de tercerización de servicios en la administración pública, donde instituciones estatales contratan anualmente empresas para labores de limpieza, vigilancia y otros servicios, cuyos empresarios se enriquecen a costa de la explotación de sus trabajadores a quienes no les pagan ni la mitad de lo que los empresarios facturan a las instituciones públicas, lo que no puede continuar y el Congreso debería revisar y derogar dicha norma legal, ya que no se puede explotar en forma indefinida los derechos de los trabajadores estatales.