El grupo parlamentario del FREPAP a través del congresista Daniel Oseda Yucra, presentó el proyecto de ley que establece medidas para garantizar la transparencia y erradicar el aprovechamiento económico abusivo de las clínicas privadas a quienes se multará hasta con 500 UITS en situaciones de emergencia sanitaria. El proyecto de 9 artículos y 3 disposiciones transitorias, señala en resumen que el objetivo es las clínicas prioricen la atención del derecho a la salud sobre cualquier interés económico desproporcionado abusivo contrario al principio de solidaridad reconocido en la jurisprudencia constitucional, la que será de cumplimiento obligatorio para los establecimientos privados a nivel nacional, siendo SUSALUD y el Ministerio de Salud las autoridades sectoriales competentes.

Afirma que la información de los servicios que presten las clínicas tiene carácter de declaración jurada y que el MINSA y SUSALUD, deben crear y mantener una página web actualizada donde las clínicas informen a los usuarios el costo real de los servicios que prestan que deben contener los costos fijos y variables y la suma total de los costos con justificación probatoria para que los usuarios puedan interponer reclamos ante la vía administrativa. Plantea que el MINSA y SUSALUD puedan solicitar a las clínicas información sobre los estados financieros, balance general, cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, de ganancias y pérdidas, así como el monto general de las remuneraciones que se paga a los profesionales y técnicos de salud.

El proyecto refiere que si los usuarios de clínicas privadas no están de acuerdo con el contrato que detalla los costos de prestación de servicios de salud o no lo reciban o el establecimiento les informa que no cuentan con este documento o se advierta un aprovechamiento económico abusivo, el usuario podrá resolver el contrato debiendo devolverse el dinero cobrado de forma indebida y las clínicas no pueden obligar a los usuarios a renunciar de manera previa a la devolución de dichos conceptos siendo nulo el pacto en contrario. El congresista considera que es un aprovechamiento económico abusivo de las clínicas las que deberán evaluadas por su SUSALUD en los siguientes casos.

La buena fe y justa proporcionalidad entre derechos y obligaciones de las clínicas y los usuarios, la afectación o grave riesgo a la salud que se genere como consecuencia de la falta de accesibilidad al servicio de salud por el cobro abusivo, la diferencia irracional de los costos de servicios de salud y la ganancia del establecimiento privado, la utilización de recursos públicos gratuitos en los procedimientos de salud cuya ventaja no fue trasladada a los usuarios al momento del cobro, ausencia o insuficiencia de criterios de reciprocidad y solidaridad en el cobro de situaciones en emergencia sanitaria y cobro excesivo de medicamentos con relación al monto promedio de los mismos en su venta externa.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el congresista sostiene que en plena emergencia sanitaria algunas clínicas han cobrado hasta 200 mil soles por atención de un mes por tratar a enfermos por COVID 19 y en los últimos años ESSALUD y el SIS han contratado a Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Privadas convirtiéndose en un negocio rentable a costa de los pagos del Estado enriqueciendo a los grupos de poder económico ligados al sector bancario que través de sus clínicas atienden en promedio a 2 millones de pacientes. Agrega que algunas clínicas cobraron entre 422 a 576 soles por pruebas por descarte del COVID 19 a enfermos las que fueron procesadas gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud las que hoy son investigados por el Ministerio Público a petición de la Contraloría.

Sostiene finalmente que algunos médicos de las clínicas privadas solicitan medicamentos de marcas de prestigiosos laboratorios pese a que en el mercado hay medicamentos genéricos perjudicando la economía de los familiares de los pacientes, habiendo incrementado las clínicas hasta 20,368 soles los planes de salud para los adultos mayores siendo el plan más austero de 2,952 soles que no incluye la infección del coronavirus 19 donde llegan a cobrar hasta 300  mil soles cuando un familiar es internado y tratado por esta enfermedad, lamentando que el MINSA, SUSALUD y el INDECOPI no hayan efectuado un control adecuado a las clínicas protegiendo a los usuarios de los servicios de salud privados en los últimos años, por lo que el proyecto de ley debe ser aprobado por el Congreso Nacional luego de pasar por las comisiones de trabajo legislativo.