El Dr. Marcos Obando Aguirre, docente agustino desde 1985 y sociólogo de profesión, afirmó que presentó la acción de amparo y medida cautelar ante la jueza constitucional para que se respete la ley universitaria y el estatuto de la UNSA y defender los procedimientos y estilos democráticos ya que el claustro agustino debe ser un referente ante la sociedad. Agregó que debió participar la ONPE en el proceso electoral porque así lo obliga los artículos 72 y 73 de la ley universitaria 30220 y el estatuto, al tiempo de considerar positiva la gestión del rector Rohel Sánchez quien no debería permitir que se desarrolle un proceso electoral cuestionado al final de su mandato rectoral. Reproducimos la entrevista que concedió al Portal Arequipa Misti Press.

¿Cuáles son las razones que lo impulsaron a presentar la acción de amparo ante la jueza constitucional contra el Comité Electoral Universitario y cuáles fueron sus argumentos?

Considero dos razones importantes: la primera de ellas está relacionada con la consistencia jurídica que todo proceso de estas características debe observar; la elección de autoridades para asamblea universitaria y para consejos de facultad es un asunto de vital importancia para la vida de la institución, proceso que además está regido por disposiciones legales muy claras que emanan de la ley universitaria vigente y del propio estatuto de la universidad.  Por diversos medios, tanto el Comité Electoral como el Consejo Universitario fue advertido de que no se estaban tomando decisiones adecuadas y que por el contrario contravenían lo dispuesto en la normativa jurídica vigente.  La segunda razón se encuentra en la necesidad de defender los procedimientos y estilos democráticos en nuestra institución, resulta por demás un contrasentido que mientras aspiramos a formar profesionales comprometidos con el conocimiento, la democracia, la ciudadanía y el estado de derecho, por otros medios se actúe vulnerando estos principios básicos.  No hay que perder de vista que la Universidad San Agustín es siempre un referente hacia el cual se dirigen las miradas de los arequipeños.

La jueza constitucional declaró fundada la medida cautelar de la acción de amparo que usted presentó ordenando la suspensión de las elecciones al Comité Electoral. ¿Cree usted que la resolución la jueza acogió sus argumentos jurídicos en su demanda judicial?

Creo que en estas circunstancias es importante ir más allá de la individualidad, la medida pudo ser interpuesta por cualquier docente de la universidad.  La señora juez se ha pronunciado sobre una situación clara de vulneración de los derechos de cualquier docente a participar en la elección de autoridades universitarias, en ese sentido, sus argumentos han sido muy claros y precisos.

¿Usted pertenece al Movimiento Democrático de Integración Agustina al presentar la demanda judicial o lo hizo por convicción democrática ante el poder judicial?

No es un tema que tenga que ver con el interés de un grupo, como ya lo he señalado antes, es un asunto de interés de todos los que integramos la Universidad San Agustín; de salvaguarda de nuestros derechos y de garantía del ejercicio de una plena democracia, en otras palabras, reglas claras como para que todos los que desean participar en la vida política universitaria tengan expedito el camino de hacerlo, siempre que sea dentro del marco de la ley y de un buen ejercicio democrático.

El Comité Electoral mediante comunicado señaló que fueron nombrados por la Asamblea Universitaria y el reglamento electoral fue aprobado por Consejo Universitario. Indican que sus actos respetan el principio de legalidad del Decreto Legislativo 1496 por el cual pueden llevar a cabo procesos electorales virtuales a través de medios electrónicos que garanticen transparencia e idoneidad y publicaron todos sus actos en la página web institucional dando todas las facilidades a todas las listas. ¿Le satisface los argumentos del Comité Electoral Universitario?

Sobre el particular no me voy a pronunciar en tanto el proceso aún no ha concluido, hay que aguardar a su término y recién podremos ampliar nuestras opiniones.

El Comité Electoral señala también que la ONPE les informó que estaban impedidos de prestar asesoría y apoyo en la implementación del software para el voto electrónico, sus opiniones no eran vinculantes y que en el proceso electoral han primado otros intereses por actores ajenos al mismo, agregando que suspendieron el proceso electoral en acatamiento al mandato de la jueza. ¿Le ha convencido los argumentos del Comité Electoral publicados en el comunicado oficial o no han respondido los argumentos que hizo suyos la jueza constitucional en la medida cautelar que dictó?

La participación de la ONPE está prescrita tanto en la ley universitaria 30220 como en el estatuto de la universidad, en concreto en los artículos 72 y 173 respectivamente, en este último caso se señala con claridad la necesidad de la presencia de la ONPE, para «garantizar la transparencia de los procesos, brindando asesoría y asistencia técnica», luego de eso, los comentarios sobran.

Usted como ciudadano y docente universitario tiene el derecho de defender sus derechos constitucionales como lo está haciendo ante el poder judicial. Sin embargo, la medida cautelar y posterior resolución final de la jueza y la probable impugnación por las partes ante la segunda instancia, podría retrasar el cronograma anual del Comité Electoral que había previsto que el año 2020 iba a ejecutar cuatro procesos electorales hasta la elección del nuevo rector y vicerrectores en diciembre. ¿Se sentiría usted responsable de este retraso o la responsabilidad sería de otros?

De hecho, veremos un retraso en la elección de autoridades; pero considero que elegir autoridades a través de un proceso cuestionado sería mucho peor, la UNSA no se merece eso.

A fines del 2020 debería culminar la gestión del rector que dirige la UNSA. Si hiciera usted un balance como docente universitario de los cuatro años de gestión universitaria, ¿Qué aspectos positivos o negativos destacaría y especialmente qué correcciones o enmiendas le aconsejaría al rector y vicerrectores?

Toda gestión universitaria tiene aciertos y errores, pero en el caso particular de la gestión del Dr. Rohel Sánchez y hechas las sumas y las restas, creo que el saldo es positivo; la universidad logró su licenciamiento, condición que le permite continuar su labor y con muchas expectativas hacia el futuro, de otro lado se está impulsando con fuerza la acreditación de las escuelas profesionales; se han destinado recursos para impulsar la investigación en las tres áreas académicas, como también se fortaleció la movilidad de estudiantes y docentes que tienen ahora la oportunidad de salir hacia otras universidades del país y del mundo, quién puede poner en duda que todo esto constituye un aporte significativo al desarrollo de nuestra universidad; en términos de gestión académica y administrativa también hay avances importantes.  Por lo tanto, cabe preguntarse, por qué concluir una gestión, que considero positiva, con un proceso electoral cuestionado y apresurado, que no garantiza legitimidad para las autoridades que resulten de él.

Cuando hay procesos electorales en la UNSA casi siempre hay escaramuzas y denuncias mutuas de las listas por deslegitimar a los adversarios electorales lo que puede llevar a perjudicar la imagen institucional. ¿Cuál sería su reflexión a las listas en competencia y cómo deberían afrontar los adversarios estos próximos procesos electorales?

Siempre las contiendas electorales tendrán esa peculiaridad y en parte es bueno que suceda así, puesto que, en esto que usted llama escaramuzas y denuncias, en realidad se debaten propuestas y maneras de entender el proceso universitario, son los electores los llamados a analizar estas propuestas y a tomar la mejor decisión; el problema ahora es que el proceso electoral que ha sido detenido por medida cautelar, no garantiza la presencia de diversidad de planteamientos; ir a elecciones con una única lista, recuerda viejos estilos que los peruanos y peruanas queremos superar.

Dr. Obando, en julio próximo se recordará que hace seis años se promulgó la actual ley universitaria 30220. ¿Qué opina de la actuación de la SUNEDU? ¿Qué modificaciones puntuales plantearía a la actual ley 30220 como docente con experiencia universitaria?

El tema de la SUNEDU es complejo de analizar; por un lado, está la necesidad de sostener la autonomía universitaria; pero también está la necesidad de limitar el uso arbitrario de la misma y de las prerrogativas que la educación superior tiene y que ha dado lugar a que la educación universitaria, sobre todo la de gestión privada, se haya convertido en algunos casos, en verdaderos y lucrativos negocios.

¿Cuál sería su mensaje finalmente a las autoridades universitarias, a las listas que pretenden competir tanto a la Asamblea Universitaria y a los Consejos de Facultad de la UNSA en los próximos meses?

Creo que las cosas, al punto que han llegado no resultan satisfactorias para nadie,  esta medida judicial que detiene el proceso electoral en la UNSA, no puede ni debe ser vista con sentido triunfalista, es la oportunidad para llevar adelante un proceso libre de sospechas, en el que se amerite no las pasiones sino las ideas, en la que destaque la participación de todos los que tienen un propuesta de gobierno y, para mis colegas docentes y para nuestros estudiantes, la oportunidad de evaluar estas propuestas y optar en libertad y conciencia, por la que consideren mejor y más adecuada para nuestra universidad.