pressadminabril 20, 20205min369

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Presentan 4 proyectos de reforma constitucional para eliminar inmunidad parlamentaria

becerril-OKK

El grupo parlamentario de Acción Popular a través del congresista Luis Simeon Hurtado, presentó el proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 93 de la Constitución Política de la inmunidad parlamentaria por el cual, plantean que los parlamentarios no podrán ser procesados ni detenidos, sin previa autorización de la Junta Nacional de Justicia, previo pronunciamiento de del levantamiento de la inmunidad parlamentaria presentado por la Corte Suprema en un plazo improrrogable de 15 días bajo responsabilidad funcional y vencido el plazo y sin mediar pronunciamiento, se dará por aprobada dicha solicitud.

En la exposición de motivos, el proyecto afirma que la inmunidad parlamentaria es una patente de impunidad o blindaje político y penal que abusaron los Congresos ya que desde 1995 al 2019 se presentaron 110 solicitudes de levantamiento de inmunidad de los cuales solo se aprobó el 9%, restando legitimidad y representatividad al Parlamento, por lo que la Junta Nacional de Justicia debe levantar la inmunidad parlamentaria y no el Congreso Nacional. Agregan que el objetivo de la reforma es reducir la politización de la denuncia y que el levantamiento no sea objeto de negociaciones o venganzas políticas lo que contribuirá a la lucha anticorrupción.

Otro proyecto es del congresista populista Hans Toryes Delgado, quien plantea que los congresistas no podrán ser procesados ni detenidos sin previa autorización del Tribunal Constitucional, salvo el caso de delito flagrante, y el pronunciamiento sobre petición de levantamiento de inmunidad debe darse dentro del plazo improrrogable de 20 días tras ser recibido. En caso de ser detenido por delito flagrante, el congresista será puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema con conocimiento del Fiscal de la Nación.

El proyecto refiere que desde el 2006 al 2019 ante el Congreso se presentaron 79 peticiones de levantamiento de inmunidad parlamentaria, pero solo fueron aprobados 10, lo que ha dado pie a abusos de las mayorías parlamentarias burlando la justicia haciendo de la inmunidad un símbolo de la impunidad. El proyecto plantea que el Tribunal Constitucional como organismo autónomo e independiente de los tres poderes del Estado, debe ser quien evalué las denuncias contra congresistas ya que por su experiencia jurídica, ponderaran la protección de los derechos constitucionales despejando los motivos subjetivos o arbitrarios de las denuncias por lo que será una garantía procesal del congresista como ciudadano.

Entre tanto, la congresista María Céspedes Cárdenas del FREPAP en su proyecto de ley plantea que se reforme el artículo 93  y tenga el siguiente texto. “Los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni  órgano jurisdiccional alguno por las opiniones o votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. Propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria que traerá como consecuencia la eliminación de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria eliminando la contratación de personal y los legisladores se dediquen a sus funciones, siendo los congresistas procesados y detenidos inmediatamente sin la autorización y control previo del Parlamento.

Entre tanto el congresista Renan Espinoza Rosales de Somos Perú en su proyecto, plantea que los “congresistas no cuentan con la prerrogativa de inmunidad de arresto ni de proceso penal”. En la exposición de motivos del proyecto, señala que del 2006 al 2019 la Corte Suprema de la República presentó 40 solicitudes de levantamiento de inmunidad y solo 6 solicitudes fueron aprobadas, por lo que es necesario corregir el artículo 93 de la Constitución. Espinoza sostiene que la reforma permitirá una mayor transparencia del poder legislativo favoreciendo la tarea fiscalizadora del Congreso redundando en beneficio del sistema democrático, reduciéndose la politización de la denuncia y protección política ya que el levantamiento de la inmunidad dejaría ser objeto de negociaciones y acuerdos entre las fuerzas políticos del Congreso.

 

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