El 13 de noviembre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Roberto Burneo, presentó el proyecto de ley ante el presidente del Congreso el cual pretende modificar la Ley 30220 a fin que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE organice estudios de Postgrado y otorgue grados de Maestro y Doctor a nombre de la Nación.

El proyecto señala que actualmente la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) del Jurado Nacional de Elecciones, organizan estudios de posgrado y otorgan grados de maestro y doctor a nombre de la Nación, conforme a las disposiciones de la presente Ley; y con respecto al funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos se aplica lo dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

En la exposición de motivos, afirman que el problema público identificado consiste en la insuficiente, fragmentada y poco institucionalizada oferta de formación académica de posgrado en materia electoral, democrática y de gobernabilidad en el país. De este modo, se ha ido evidenciando un desfase en la disponibilidad, continuidad y calidad de la formación especializada en las materias indicadas.  Una consecuencia de lo expuesto es que la formación de especialistas en materia electoral y de gobernabilidad depende de iniciativas débilmente construidas, aisladas o de carácter temporal, afectando la profesionalización de los operadores electorales, de los actores públicos y políticos, cuadros técnicos y profesionales con competencias avanzadas, y, en última instancia, la calidad de la democracia y de la gobernabilidad.

Esto ocurre pese a que desde hace 15 años el ordenamiento legal reconoce al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) función académica y de investigación en materia electoral, democracia y gobernabilidad, lo cual le ha brindado experiencia y prestigio en estas materias. Más aún, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) del JNE es el único órgano público reconocido legalmente como órgano académico de alta especialización en el campo electoral, de democracia y de gobernabilidad. Así, resulta pertinente que, para atender esta necesidad y contribuir con el fortalecimiento profesional, asuma las competencias que el presente proyecto de ley plantea.

Agregan que si bien existen por lo menos 6 escuelas académicas de organismos electorales (Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú), ninguna de ellas cuenta con maestrías o doctorados en la materia. De esta manera, la oferta académica es muy restringida no solo en nuestro país, sino también en la región. Señalan asimismo que otro problema público relacionado es la insuficiente, fragmentada y poco institucionalizada oferta de formación académica especializada de posgrado en materia electoral, democrática y de gobernabilidad; también tiene relación con la mayor demanda de programas de posgrado en el ámbito del derecho.

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