La diputada de Arequipa, Amalia Palomino Pacheco, presentó ante el presidente de la Cámara de Diputados una denuncia constitucional contra el presidente del Senado, Miguel Torres, donde precisa que dicho legislador ha cometido infracción a la Constitución en los art. 45, 51, 90, 102 incisos 1 y 2, 104, 105 y 108 de la Constitución Política del Estado.

Solicita, por tanto, que se le inhabilite del cargo por 10 años por su responsabilidad política como lo señala el art. 100 de la Constitución y solicita al presidente de Diputados se formule acusación ante el Senado.

El principal argumento de la denuncia constitucional contra Torres es sobre la remisión de la autógrafa de la Ley 32743 sobre delegación de facultades al poder ejecutivo con la denominación, “Senado de la República: Ha dado la Ley siguiente”.

Según la diputada Palomino, por mandato constitucional “es la Constitución la que reserva dicha atribución al Congreso de la República” y no al Senado al suscribirla Torres y el vicepresidente Muñante sin que haya una base constitucional ni legal que le otorgue dicha autorización e incluso se rectificó dicha Ley mediante fe de erratas, pero sin una Ley rectificatoria como demanda el ordenamiento jurídico vigente.

El artículo 99 sobre acusación constitucional en la Carta Magna, refiere que, “Corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado: al presidente de la República; a los senadores; a los diputados; a los ministros de Estado; a los magistrados del Tribunal Constitucional; a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los jueces de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al defensor del pueblo y al contralor general por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.

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