El diputado Jesús Pérez Alcahuamán, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 1293, Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, con la finalidad de optimizar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), consolidar la trazabilidad de las actividades mineras a escala nacional y ampliar la vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral hasta el 31 de diciembre de 2030.

La propuesta legislativa pretende que el plazo del Proceso de Formalización Minera Integral de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 31 de diciembre de 2030 o hasta la entrada en vigor de la Ley General de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su Reglamento, lo que ocurra primero modificando el art. 6 del DL 1293 en los siguientes términos.

“Durante dicho periodo, el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) competentes, implementa y adopta las acciones normativas, administrativas, tecnológicas y operativas orientadas a lo siguiente:

La simplificación, estandarización y celeridad de los procedimientos administrativos. b) El acompañamiento técnico continuo y descentralizado a los operadores mineros en vías de formalización. La depuración de las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos administrados que incumplan las condiciones de permanencia o incurran en causales de caducidad. La supervisión y fiscalización ambiental coordinada y eficaz, respetando el ámbito de competencias legalmente atribuidas a los gobiernos regionales y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La plena interoperabilidad de datos a través del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), garantizando la trazabilidad de insumos químicos, explosivos, maquinaria y comercialización de minerales, en articulación con la SUNAT y la SUCAMEC. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, g) La seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal”.

Las acciones antes descritas tienen por finalidad garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores que demuestren avance real de formalización, la sostenibilidad ambiental de las operaciones y una transición ordenada y progresiva hacia el nuevo marco legal de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.»

En la exposición de motivos el diputado afirma que el Proceso de Formalización Minera Integral fue formalmente institucionalizado mediante el Decreto Legislativo N° 1293, el cual declaró de interés nacional la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. A lo largo de su vigencia, dicho proceso ha sido objeto de sucesivas prórrogas a través de la Ley N° 31007, Ley N° 31388, Ley N° 32213 y, recientemente, la Ley N° 32537. La Ley N° 32537 fijó la conclusión del proceso para el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el análisis normativo y fáctico de la implementación actual del REINFO demuestra que dicho plazo es técnicamente insuficiente para resolver la masiva carga procedimental pendiente, consolidar los mecanismos de trazabilidad tecnológica e instrumentar el sinceramiento de las operaciones.

Refiere que actualmente, la pérdida de ingresos fiscales —estimada en más de S/ 7,500 millones en los últimos ejercicios tributarios— inhibe la capacidad de inversión pública en infraestructura básica rural y regional. Al institucionalizar un régimen de formalización eficiente que garantice títulos formalizados e instrumentos ambientales viables pero rigurosos, el Estado captará excedentes tributarios orientados al desarrollo local.

El proyecto plantea que se fije el horizonte del proceso al 31 de diciembre de 2030 y otorgar un marco de seguridad jurídica predecible. Esta extensión temporal no constituye una concesión incondicional de impunidad administrativa, sino un plazo acotado sujeto a un riguroso régimen de depuración.

Se faculta a la Autoridad Minera a cancelar de oficio la inscripción de quienes no cumplan con el sinceramiento de coordenadas en el plazo de 90 días o incurran en causales de abandono procedimental. Se impone con rango legal la obligación de fijar domicilio procesal urbano y se dota de plena validez jurídica a las notificaciones electrónicas a través del SIPMMA. Se delimita expresamente la rectoría del MINEM frente a las facultades de fiscalización y sanción ambiental que corresponden por ley a los Gobiernos Regionales como EFAs y al OEFA, asegurando sostenibilidad ambiental sin vaciar de contenido el proceso de descentralización.

FOTO RUMBO MINERO